Jair FigueroaMorena y aliados aprueban en la Cámara una reserva para reducir la cárcel de 10-20 años a 5-12 años para servidores que no denuncien extorsión, mientras la oposición acusa un beneficio directo para el exsecretario Hernán Bermúdez.
La Cámara de Diputados (Dónde), en sesión plenaria (Cuándo), aprobó una reserva a la Ley contra la Extorsión (Qué), impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal (Quién), con 339 votos a favor, con el fin de reducir la pena de prisión para los funcionarios públicos que se abstengan de denunciar este delito, lo cual generó la acusación inmediata del PAN de que la reforma está diseñada para beneficiar al exsecretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez (Por qué).
Controversia en el Congreso: Morena Modifica Penas para Servidores Públicos
La aprobación en lo general de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que busca homologar el tipo penal a nivel nacional con penas de hasta 25 años, se vio empañada por una reserva que desató una fuerte controversia política. La reserva, presentada por el diputado Ricardo Monreal (Morena), se centra en la penalidad para los servidores públicos.
La redacción original de la ley establecía una pena de 10 a 20 años de prisión para aquellos funcionarios que, teniendo la atribución de investigar y perseguir el delito de extorsión, se abstuvieran de denunciarlo o actuar. Con la reserva avalada por la mayoría de Morena y sus aliados, esta pena se redujo drásticamente a un rango de cinco a 12 años de cárcel.
El diputado Monreal defendió la modificación argumentando una «razón lógica proporcional». Sostuvo que la pena impuesta al funcionario que no informa no podía ser mayor a la del extorsionador mismo, cuyo tipo penal básico se fijó de seis a 15 años. «Estamos planteando que al extorsionador le demos de seis a 15 años, y al funcionario que no informa de 10 a 20 años, esa es la razón lógica proporcional que planteo”, explicó en tribuna.
Acusación Directa: «Reforma con Nombre y Apellido»
La oposición, principalmente a través del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una dura crítica, denunciando que la reducción de penas constituye un acto de legislación a modo para favorecer a un político específico vinculado a la extorsión.
El diputado panista David Azuara señaló:
«Esto es una reforma política que tiene nombre, tiene apellido, y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez, ¿o no? Que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar. Esto es una muestra de cómo el gobierno legisla para sus militantes y no para los mexicanos.»
Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad pública de Tabasco durante la administración del senador Adán Augusto López, se encuentra presuntamente vinculado a investigaciones por extorsión, según la oposición. La aprobación de esta reserva, por lo tanto, es vista por el PAN como un claro intento de la mayoría oficialista de beneficiar a sus aliados a costa de la severidad legal.
Advertencia de Censura: La Ley Contra la Extorsión y los Medios
Otro punto de fricción durante el debate de reservas fue la inclusión de conceptos que, según la oposición, podrían derivar en la censura de medios de comunicación y periodistas.
El vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, advirtió que la Ley contra la Extorsión, en sus artículos 15 y 17, incorpora el concepto de «daño moral y psicológico» y podría criminalizar expresiones legítimas de la crítica política:
- Alcance Criminal: Criminaliza la sátira, la protesta, los cartones periodísticos y la crítica a funcionarios públicos.
- Agravantes: La ley establece agravantes cuando el delito se comete contra servidores públicos, candidatos o personas electas, o si se emplean imágenes, videos o audios (reales o manipulados) para coaccionar, especialmente si se difunden por medios de comunicación.
Téllez propuso una reserva para exceptuar las comunicaciones realizadas conforme a la normatividad aplicable, protegiendo así la actividad periodística. Sin embargo, esta reserva fue desechada por la mayoría de Morena y sus aliados, lo que mantiene la preocupación sobre el potencial efecto amedrentador de la nueva legislación sobre la libertad de expresión.
Estructura General de la Ley: Sanciones de hasta 25 Años
A pesar de la controversia por las reservas, el objetivo central de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión es positivo: homologar la tipificación a nivel nacional y reforzar las sanciones.
- Tipo Penal Básico: Establece una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces la UMA.
- Agravantes Severos: La ley contempla 34 agravantes divididas en tres categorías. La más severa propone incrementar la pena de la mitad hasta dos terceras partes más, alcanzando un máximo de 25 años de prisión. Esto aplica a conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter del delincuente y el impacto económico o social del delito.
La minuta, con la polémica reducción de penas para funcionarios, ha sido turnada al Senado de la República para su revisión y ratificación final. El debate se trasladará ahora a la Cámara Alta, donde se definirá si prevalece la intención de reducir la responsabilidad penal de los servidores públicos o si se revierte la reserva para mantener la severidad original de la ley.
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