Filiberto Cruz MonroyMorena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), planean una nueva reforma al artículo 19 de la Constitución Mexicana, con la cual ampliarán el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que obliga a encarcelar a los acusados de ciertos delitos mientras se realiza la investigación, incluiría ahora crímenes como extorsión, narcomenudeo, delitos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas, así como delitos fiscales y aduanales. Los legisladores prevén aprobar la reforma entre el martes y el miércoles de la próxima semana, a pesar de las advertencias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El concepto de prisión preventiva oficiosa ha sido un tema controversial en México. Actualmente, el artículo 19 de la Constitución establece que una persona acusada de ciertos delitos debe permanecer en prisión hasta que se resuelva su caso. Esta reforma agregaría más delitos a la lista, lo que implica que quienes sean acusados de estos crímenes enfrentarán prisión automática sin la posibilidad de libertad provisional, incluso antes de que se dicte una sentencia. Los legisladores de Morena y sus aliados argumentan que esta medida ayudará a combatir la delincuencia, pero organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que podría dar lugar a violaciones a los derechos humanos, como se ha visto en casos anteriores de detenciones arbitrarias y tortura.
En 2023, la Corte Interamericana ya había emitido resoluciones que responsabilizan al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa en varios casos, donde personas como Daniel García y Reyes Alpízar fueron encarceladas sin pruebas durante largos periodos. El impacto de esta medida en los derechos de los detenidos es un tema de debate constante, ya que muchos sostienen que la prisión preventiva oficiosa debería ser limitada para evitar abusos y garantizar que no se vulneren derechos fundamentales.
Uno de los crímenes más destacados que se incluirán en el nuevo catálogo es la extorsión, un delito que ha aumentado en el país en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y septiembre de 2024 se registraron 8,151 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 59% en comparación con el mismo período de 2018. Ante esta realidad, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto que la extorsión se considerara un delito grave y que se aplicara la prisión preventiva oficiosa de manera automática, con el fin de reducir su incidencia. Esta propuesta sigue siendo respaldada por el partido en el poder y sus aliados.
Otro aspecto relevante de la reforma es la inclusión de delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas. El fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha causado una creciente preocupación debido a su alto potencial adictivo y a los casos de sobredosis letales, especialmente en los Estados Unidos. Aunque no existen cifras exactas sobre el consumo de fentanilo en México, el gobierno federal ha reconocido la gravedad del problema, y la reforma propuesta pretende que cualquier persona vinculada al tráfico de esta droga enfrente prisión preventiva oficiosa.
Además de la extorsión y el fentanilo, la reforma también incluirá delitos como el narcomenudeo y delitos fiscales y aduanales. Esta ampliación de la lista de crímenes que ameritan prisión preventiva ha generado preocupación sobre su impacto en el sistema de justicia penal y en los derechos de los acusados. La Cámara de Diputados discutirá la reforma la próxima semana, y se espera que la iniciativa sea aprobada en un proceso legislativo que ha contado con la constante intervención del gobierno federal y de Morena.