RedacciónEl coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este martes que el Congreso de la Unión tiene como plazo límite la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo, a fin de que su contenido pueda analizarse, discutirse y aprobarse con tiempo para aplicarse en los comicios federales de 2027. La urgencia del plazo, según el líder morenista, presiona las negociaciones actuales con los partidos aliados, cuyo acuerdo es indispensable para cualquier cambio constitucional.
En declaraciones a la prensa en San Lázaro, Monreal reconoció abiertamente el riesgo de que la expectativa de reforma para este año se cancele si no se logra un entendimiento con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), particularmente en temas sensibles como el recorte de legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. “Si no tenemos entendimientos y acuerdos, sigue [sin haber reforma]”, afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
El legislador hizo votos porque las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en la Secretaría de Gobernación (Segob) logren un consenso satisfactorio para las tres fuerzas políticas que conforman la llamada Cuarta Transformación. “Tenemos hasta febrero, la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa; los tiempos se nos ajustan, pero nuestro plazo es febrero. Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos, PT, PVEM y Morena, pueda llegar a un feliz término”, expuso Monreal, subrayando la naturaleza apremiante del calendario legislativo.
Respecto al contenido de la reforma, el diputado por Zacatecas aclaró que, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado la existencia de un borrador, él no cuenta formalmente con el documento. “Yo no estoy enterado, no tengo formalmente ningún documento y creo que la próxima semana seguirán dialogando”, señaló, dejando claro que el proceso de redacción y definición final aún está en curso en el ámbito del Ejecutivo y las negociaciones partidistas.
La advertencia de Monreal sobre la necesidad de los aliados no es nueva. El experimentado político ha sido consistente en señalar que, para dar viabilidad a cualquier reforma constitucional —que requiere una mayoría calificada de dos tercios del Congreso—, es imprescindible no solo el voto, sino la participación activa en la formulación de la iniciativa por parte del PT y el PVEM. “Soy muy claro y he sido muy claro, y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del PVEM y el PT, no hay posibilidades de reformas constitucionales. Sin ellos no hay posibilidades”, advirtió con firmeza.
Este planteamiento pone de relieve la compleja dinámica de la coalición gobernante, donde Morena, a pesar de su amplia representación, no puede modificar la Constitución por sí solo. Cualquier ajuste al modelo electoral, especialmente aquellos que tocan intereses directos de los partidos como su financiamiento y sus curules, exige un delicado equilibrio y concesiones mutuas. La mención específica al recorte de plurinominales y al financiamiento señala los puntos de fricción potencial donde los aliados podrían mostrar mayor resistencia.
El contexto político añade otra capa de complejidad. La reforma electoral ha sido un tema recurrente en la agenda del gobierno de la 4T, planteada como una medida para reducir costos de la democracia y “austeridad republicana”. Sin embargo, su concreción siempre se ha topado con los mismos obstáculos: la necesidad de consensos amplios y los tiempos legislativos. Monreal admitió que el “acortamiento de los tiempos sí mete presión. Cada día que pasa, sí mete presión”.
Con el plazo de febrero ahora establecido públicamente por uno de los legisladores más influyentes del país, la presión se concentra en las mesas de diálogo de Gobernación. Los próximos días serán cruciales para determinar si la coalición logra articular una propuesta unificada o si, por el contrario, el proyecto de reforma electoral para 2027 se pospone una vez más, victimario de las tensiones políticas y la falta de acuerdos. La capacidad de la presidenta Sheinbaum para cohesionar a sus aliados y la disposición de estos a ceder en puntos clave pondrán a prueba la fortaleza y la gobernabilidad de la coalición en este primer tramo de su administración.
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