Filiberto Cruz MonroyLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha seleccionado a los cinco miembros que conformarán el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este Comité será fundamental en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros para las elecciones programadas para junio de 2025. La composición del Comité incluye tres mujeres y dos hombres, garantizando así la paridad de género.
Las tres mujeres elegidas son: Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experta en derechos humanos; Emma Meza Fonseca, magistrada con una maestría en Derecho Procesal y Emilia Molina De la Puente, maestra en Derechos Humanos. Los dos hombres seleccionados son Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo.
En una sesión pública celebrada el 31 de octubre, fecha límite para la instalación de los Comités de Evaluación, cada ministro propuso tres aspirantes, asegurando una representación equilibrada de género en el proceso.
Los tres Poderes de la Unión están obligados a designar cinco candidatos cada uno. El Poder Legislativo, compuesto por diputados y senadores, ya presentó su propuesta. En la Cámara de Diputados, la designación estuvo a cargo de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, ya que la oposición se negó a participar en protesta contra la reforma judicial.
La reforma, que incluye el artículo 500 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, establece que los Comités de Evaluación deberán estar integrados por cinco profesionales con al menos cinco años de experiencia en el ámbito jurídico. Además, se requiere que sean mexicanos, posean un título en Derecho con un mínimo de cinco años de antigüedad y no hayan sido condenados por delitos.
Los Comités de Evaluación implementarán una metodología para evaluar la idoneidad de los aspirantes a cargos de elección popular. Realizarán entrevistas públicas a los candidatos que consideren más aptos, evaluando sus conocimientos técnicos y competencias para el puesto.
El proceso culminará con una insaculación pública que ajustará el número de postulaciones para cada cargo, programada a más tardar el 6 de febrero de 2025. Este procedimiento marca un paso significativo hacia la transparencia y la profesionalización del sistema judicial en México.