Filiberto Cruz MonroyDecenas de miles de personas se manifestaron en Valencia, España, con gritos de «¡asesinos, asesinos!» para exigir responsabilidades por la gestión de las devastadoras inundaciones que asolaron la región el pasado 29 de octubre y que dejaron un saldo de 220 muertos. La protesta, organizada por ciudadanos enfadados por lo que consideran una respuesta tardía y deficiente de las autoridades, congregó a unas 130 mil personas, según la delegación de gobierno local. Además de las concentraciones en Valencia, hubo manifestaciones en otras ciudades de la región, como Alicante y Elche, así como en otras partes de España, como Madrid.
Los manifestantes se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y marcharon hasta el Palacio de la Generalitat, sede del gobierno regional. En la protesta, las críticas fueron dirigidas principalmente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien se le exigió la dimisión por lo que muchos consideran una gestión inadecuada de la catástrofe. También se extendieron acusaciones hacia el gobierno central de Pedro Sánchez, que, según los manifestantes, no actuó con la rapidez necesaria para mitigar el impacto de las lluvias torrenciales.
El principal reclamo de los ciudadanos fue la falta de alertas claras ante la magnitud de las lluvias, que ya se preveían días antes del desastre. Muchos consideraron que, con un aviso oportuno, habrían podido evitar que los niños acudieran a la escuela y que las personas se desplazaran a sus trabajos. «La gestión de Mazón ha sido una indecencia», afirmó Julián García, un jubilado de 73 años, quien agregó que la advertencia debió haberse hecho con suficiente antelación para que la población estuviera preparada.
Las inundaciones, que afectaron a 80 municipios de la Comunidad Valenciana, han dejado no solo un balance trágico de víctimas mortales, sino también un desolador panorama en las zonas más golpeadas. Muchas localidades siguen trabajando en la limpieza de los escombros y en la búsqueda de personas desaparecidas. Según las víctimas, la lentitud en la respuesta de las autoridades y las divisiones políticas entre el gobierno regional y el gobierno central son responsables de la magnitud de la tragedia. En este contexto, muchos criticaron que Carlos Mazón estuviera ausente durante varias horas cruciales del desastre, admitiendo posteriormente que pasó ese tiempo almorzando con una periodista.
El gobierno central, por su parte, ha sido acusado de inacción y de no haber proporcionado los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. Aunque las competencias en gestión de desastres corresponden a las administraciones regionales, el gobierno de Pedro Sánchez podría haber intervenido para coordinar esfuerzos y ofrecer más apoyo. Las críticas apuntan a que, por motivos políticos, el gobierno central permitió que el Partido Popular de Mazón enfrentara solo la crisis. Esta situación ha generado un enfrentamiento político que sigue escalando, con disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que dejaron 31 policías heridos y al menos cuatro detenidos.