Filiberto Cruz MonroyEn medio de la entrada en vigor de los aranceles del 25% de Trump a productos mexicanos, la Corte Suprema de Estados Unidos enfrenta un caso histórico: la demanda de México contra 8 fabricantes de armas, incluidos Smith & Wesson y Colt, por facilitar el tráfico ilegal que alimenta a los cárteles. México exige 10 mil millones de dólares en indemnizaciones, acusando a estas empresas de operar con “negligencia criminal” al vender rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad sin controles.
El juicio que podría romper un escudo legal
En 2022, un juez desestimó el caso amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que blinda a los fabricantes de demandas por uso criminal. Pero una Corte de Apelaciones revivió la esperanza de México al señalar una excepción: si las empresas “auxilian e instigan” el tráfico, pierden inmunidad. Ahora, la Corte Suprema decidirá si el caso avanza, sin analizar el fondo, sino la validez de este argumento.
Las cifras que acorralan a Estados Unidos
* 72% de las armas incautadas en crímenes en México son fabricadas por las empresas demandadas.
* 500,000 armas ingresan anualmente de forma ilegal desde EE.UU., según el gobierno mexicano.
* 340,000 asesinatos y 100,000 desaparecidos se registran en México desde 2006, vinculados al narco.
Trump, las armas y el doble discurso
Mientras el expresidente Donald Trump impone aranceles para presionar a México contra el fentanilo, defiende la Segunda Enmienda y protege a los fabricantes. Su gobierno incluso declaró a cárteles como Sinaloa y CJNG como “terroristas”, pero niega responsabilidad a las empresas que arman a estos grupos. Claudia Sheinbaum, por su parte, amenaza con ampliar las demandas por “complicidad con terrorismo”, un giro legal sin precedentes.
La estrategia de México: dos frentes de batalla
Además del caso en la Corte Suprema, México presentó una segunda demanda en Arizona contra cinco comercios de armas, acusándolos de enriquecimiento ilícito. Alejandro Celorio, exasesor jurídico de la SRE, explica que el objetivo es probar la “causalidad” entre las ventas negligentes y la violencia. “No es solo dinero: buscamos que asuman su papel en esta crisis”, declaró.
Prospectiva:
Si la Corte Suprema permite avanzar la demanda, sentaría un precedente que podría resquebrajar la PLCAA y obligar a la industria a autorregularse, impactando un mercado de 20 mil millones de dólares anuales. Pero si la desestima, México escalaría su ofensiva en tribunales internacionales o ampliaría sanciones comerciales. En paralelo, los aranceles de Trump y la presión por el fentanilo tensan la relación bilateral, convirtiendo este caso en un termómetro no solo legal, sino geopolítico. Una victoria mexicana sería un golpe al lobby armamentista; una derrota, un incentivo para que los cárteles sigan comprando AR-15 como si fueran chicles.