México quedará exento de los nuevos aranceles globales del 10 por ciento anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Casa Blanca confirmara que todos los productos que cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no estarán sujetos al nuevo gravamen, en una decisión que representa un alivio significativo para las exportaciones mexicanas y para las cadenas productivas integradas de América del Norte.
La medida fue anunciada este viernes tras la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó el uso de ciertas facultades ejecutivas en materia comercial al invalidar los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En respuesta, la administración estadounidense recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar la aplicación temporal del arancel, argumentando la necesidad de atender desequilibrios en los pagos internacionales y fortalecer la industria nacional.

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada por Trump, el nuevo arancel del 10 por ciento se aplicará a la mayoría de las importaciones a partir del primer minuto del 24 de febrero (hora de Washington), por un periodo inicial de 150 días. La medida tiene la finalidad expuesta por el gobierno de Trump de fomentar la producción interna, reducir el déficit de la balanza comercial y apoyar a manufacturas y trabajadores estadounidenses.
Sin embargo, la exención a México de los aranceles de Trump gracias al T-MEC se convierte en el punto más relevante para la economía nacional, ya que todos los bienes que entren a Estados Unidos y que cumplan con los requisitos de origen del tratado trilateral quedarán fuera del gravamen. Esta exclusión también aplica para productos originarios de Canadá, lo que preserva la integración de las cadenas industriales de América del Norte y evita distorsiones en sectores clave como el automotriz, el eléctrico y el de maquinaria.
La decisión se da después de que la Corte Suprema estadounidense invalidara gran parte de los aranceles impuestos bajo la IEEPA por considerarlos no facultados por esa ley, en un fallo de 6 votos contra 3 redactado por el presidente conservador John Roberts. Ante esa resolución judicial, la administración encontró en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 una herramienta alternativa para justificar la aplicación de gravámenes de manera temporal, siempre con la finalidad de corregir desequilibrios en los pagos internacionales del país vecino.
Para hacer viable la nueva política arancelaria, la administración detalló que ciertas mercancías quedarán fuera de la tarifa aduanera, entre ellas minerales críticos, productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos esenciales, ciertos bienes electrónicos y productos aeronáuticos. Estas exclusiones se suman a la exención general para productos amparados por el T-MEC, lo que reduce significativamente el universo de bienes afectados.
No obstante, la decisión estadounidense también abre la puerta a revisiones y posibles investigaciones comerciales más específicas bajo la Sección 301 de la misma Ley de Comercio, que permite imponer aranceles país por país si se detectan prácticas consideradas discriminatorias o injustas para el comercio estadounidense. Autoridades mexicanas han subrayado que continuarán vigilando de cerca estas acciones para defender los intereses del sector exportador nacional, particularmente en sectores sensibles como el acero, el aluminio y el textil.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había anticipado horas antes que México analizaría con prudencia el impacto de las medidas y que confiaba en que la integración comercial bilateral protegería los intereses del país. «El 85% de lo que nosotros exportamos no tiene aranceles. Los aranceles que tenemos sobre vehículos, sobre acero y aluminio dependen de otro principio legal», explicó Ebrard en conferencia de prensa en Querétaro, diferenciando el impacto del fallo judicial en los productos mexicanos.
La exclusión lograda por México refleja la fortaleza de la relación comercial bilateral y la importancia estratégica del T-MEC como marco regulatorio. El tratado, que será revisado este año, establece reglas de origen que garantizan que los productos fabricados en América del Norte contengan un porcentaje significativo de componentes regionales, lo que los hace elegibles para un trato preferencial.
Analistas económicos destacaron que la decisión de la Casa Blanca reconoce la profunda integración de las cadenas de suministro norteamericanas y evita disrupciones que habrían afectado tanto a exportadores mexicanos como a empresas estadounidenses que dependen de insumos importados. La medida también envía una señal de estabilidad a los mercados financieros, que habían reaccionado con volatilidad ante la incertidumbre arancelaria de las últimas semanas.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, continuará monitoreando la implementación de la orden ejecutiva y mantendrá comunicación con sus contrapartes estadounidenses para garantizar que la exención se aplique correctamente. Además, se mantendrá alerta ante posibles investigaciones bajo la Sección 301 que pudieran afectar sectores específicos en el futuro.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado directamente sobre el anuncio, pero se espera que en los próximos días ofrezca una postura oficial, en línea con la estrategia de prudencia y análisis que ha caracterizado a su administración en materia de relaciones comerciales con Estados Unidos.
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