Héctor O. CarriedoDurante más de cuarenta años, México ha transitado entre crisis financieras, auges petroleros, reformas estructurales y cambios de modelo económico sin lograr consolidar un crecimiento sostenido capaz de transformar estructuralmente al país. A pesar de haber contado en distintos momentos con elevados ingresos petroleros, estabilidad macroeconómica y amplias oportunidades de integración internacional, el crecimiento económico ha permanecido limitado por un problema persistente: la insuficiente inversión productiva de largo plazo. La reducción de la inversión pública, la incapacidad de la inversión privada para sustituirla plenamente y el uso de Pemex como fuente fiscal antes que como palanca de desarrollo terminaron debilitando la infraestructura, la capacidad industrial y el potencial de crecimiento nacional.
Desde los años ochenta y hasta el 2018, el país fue dejando atrás el modelo de Estado interventor e inversor. La crisis de deuda externa durante la década de los ochenta obligó al Gobierno Federal a obedecer los dictados del FMI y marcó el inicio de una política económica basada en el equilibrio fiscal, las privatizaciones y la reducción del gasto público en infraestructura estratégica con miras a privatizar diversos sectores de actividad económica. Así, en 1981, la inversión pública representaba más de 10% del PIB, y para el año 2000 había caído a cerca de 2%.
Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada comenzó un largo periodo de altos precios internacionales del petróleo que fue desaprovechado por la ineficacia y la abulia de los gobiernos de la transición estancada y la alternancia fallida (2000-2018).
Si bien los ingresos petroleros crecieron de manera más que significativa, llegando a representar alrededor de un tercio de los ingresos del Gobierno Federal, también esos recursos no se reflejaron siquiera en un programa nacional de infraestructura y menos en la aceleración del crecimiento económico del país. Por lo contrario, la inversión pública permaneció baja, alrededor de 2%-3% del PIB, mientras que la inversión privada se concentró principalmente en la banca, las telecomunicaciones, el comercio y los bienes raíces; con Fox el crecimiento promedio anual del PIB apenas se situó en 2%.
Con Felipe Calderón, México tuvo el periodo de mayores ingresos petroleros de su historia. El precio internacional del petróleo superó durante varios años los 100 dólares por barril y los cuantiosos ingresos petroleros desaprovechados llegaron a aportar más de un tercio de los ingresos públicos.
El sexenio de Calderón, fue también uno de los sexenios de menor crecimiento económico, ya que el PIB avanzó apenas entre 1.5% y 1.7% promedio anual. La crisis financiera global de 2008-2009 golpeó severamente a México y provocó una caída del crecimiento de menos cinco por ciento en 2009.
No obstante que se registraron los más altos ingresos petroleros de su historia, durante el sexenio de Felipe Calderón el país no construyó infraestructura estratégica suficiente, y tampoco modernizó sectores clave para el desarrollo de la economía nacional. Muchos proyectos anunciados quedaron inconclusos o nunca se iniciaron. Además, Pemex siguió siendo sangrado como fuente principal de recaudación fiscal, limitando su capacidad de reinversión productiva.
El sexenio de Enrique Peña Nieto enfrentó una situación distinta y un entorno internacional más favorable. Sin embargo, a partir de 2014, colapsaron los precios internacionales del petróleo y los ingresos petroleros del gobierno se desplomaron. La respuesta fue aplicar un severo ajuste fiscal que redujo todavía más la inversión pública. Cerca del 60% de los recortes recayeron en Pemex.
Durante tres sexenios (2000-2018), por lo menos, a Pemex no solo lo sangraron – por decirlo suavemente – sino además lo sobre-endeudaron, dejando un pesado lastre para los gobiernos subsecuentes de AMLO y Claudia Sheinbaum.
Aunque las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto prometían atraer grandes inversiones y acelerar el crecimiento, en la práctica eso no ocurrió en la magnitud esperada. La inversión pública cayó hasta cerca de 2.6% del PIB, uno de los niveles más bajos en décadas (solo mayor al 2% del sexenio de Fox).
A la vez, numerosas obras públicas y proyectos quedaron inconclusos o fallidos por los sobrecostos, como el nuevo aeropuerto de la CDMX y los trenes México-Querétaro y México-Toluca, entre otras muchas obras derivadas de las fallidas o malogradas Alianzas Público Privadas (APPs), por lo que continuó el deterioro y debilidad de la infraestructura física y social del país, destacando el abandono de la infraestructura energética, hidráulica y hospitalaria. Con todo, el crecimiento promedio anual del PIB en el sexenio de Peña osciló entre el 2 y 2.5%.
El sexenio obradorista enfrentó probablemente la combinación más compleja de choques externos en décadas: pandemia mundial de Covid-19; cierre parcial de cadenas globales de suministro; recesión internacional de 2020; inflación global pos pandemia; guerra entre Rusia y Ucrania; incremento mundial de precios energéticos; alza internacional de tasas de interés y tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. La pandemia provocó en 2020 una caída histórica del PIB mexicano cercana a menos 8.4%. Posteriormente, la inflación internacional obligó al Banco de México a elevar la tasa de interés hasta niveles históricamente altos, encareciendo financiamiento e inversión.
Frente a un entorno internacional adverso, contra viento y marea el gobierno obradorista construyó y terminó proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y el Corredor Interoceánico, entre otros. Los ingresos petroleros repuntaron temporalmente por la guerra en Ucrania, pero ya representaban mucho menor peso relativo dentro de las finanzas públicas nacionales, comparado con décadas anteriores. Sin embargo, el crecimiento promedio del PIB fue limitado por la enorme caída económica del año 2020; además, la deuda pública aumentó hasta niveles cercanos a 50% del PIB, debido a la deuda acumulada desde sexenios anteriores por Pemex y el déficit fiscal del último año del sexenio para terminar las obras estratégicas en proceso. Cabe destacar que dicho nivel de endeudamiento sigue siendo bajo comparado con los niveles de la mayoría de los países.
Actualmente, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, México cuenta con una oportunidad histórica derivada del fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring), pero aún debe superar una difícil negociación bilateral del tratado comercial con EE, UU., un entorno internacional convulso e inestable por las guerras, además de las deudas acumuladas durante décadas y la posición financiera vulnerable de Pemex y CFE, que son un lastre para el crecimiento.
La lección de las últimas décadas es clara: México no puede crecer sostenidamente con bajos niveles de inversión pública y con una inversión privada que históricamente ha sido insuficiente para transformar estructuralmente al país.
Vale decir que cada sexenio enfrentó distintos eventos internacionales que afectaron el crecimiento económico nacional. A pesar de todo, durante el auge neoliberal el entorno internacional también ofreció ventajas importantes: elevados precios del petróleo y abundante liquidez global. Pero el Gobierno Federal mantuvo bajos niveles de inversión pública y el sector privado tampoco detonó un gran ciclo de infraestructura o industrialización nacional.
En este contexto, resulta relevante la reciente postura de Carlos Slim Helú, quien ha reconocido que México necesita elevar sustancialmente sus niveles de inversión para poder crecer de manera sostenida. Slim afirmó recientemente que el país debería alcanzar niveles de inversión total de entre 25% y 28% del PIB (sumando inversión pública, privada y extranjera actualmente es de 22.7%) para aprovechar plenamente las oportunidades del nearshoring e implementar el “Plan México” impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. El empresario también destacó como factores positivos la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, la coordinación entre gobierno e iniciativa privada y la disposición de la nueva administración para facilitar proyectos de infraestructura e inversión mixta.
México enfrenta hoy una coyuntura decisiva. El nearshoring, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la cercanía con Estados Unidos abren una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse en el corto plazo. Aprovecharla exige romper definitivamente con décadas de subinversión, improvisación y dependencia de ingresos extraordinarios mal administrados. La experiencia acumulada demuestra que ningún país logra desarrollarse únicamente con estabilidad macroeconómica o apertura comercial, sino además se requiere inversión sostenida en infraestructura, energía, innovación, logística, educación e industria nacional. El verdadero desafío para México no es solamente crecer más, sino construir por fin un modelo económico capaz de convertir el crecimiento en prosperidad duradera, soberanía productiva y bienestar social para las próximas generaciones.