RedacciónUn comando armado atacó a tiros a espectadores de un partido de fútbol este domingo por la tarde en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejando un saldo confirmado de 11 personas muertas y al menos 12 heridos, entre ellos una mujer y un menor de edad. Los hechos, ocurridos alrededor de las 17:30 horas en las canchas conocidas como “Campos de las Cabañas”, fueron ejecutados por sujetos que llegaron en al menos tres camionetas y abrieron fuego indiscriminado, en lo que constituye el segundo episodio de violencia masiva en menos de 24 horas en el municipio, atribuido a la lucha entre grupos criminales.
De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 10 personas fallecieron en el lugar y una más murió mientras recibía atención médica. Autoridades municipales, por su parte, elevaron a 12 el número de heridos, algunos de ellos en estado grave. El ataque provocó una escena de pánico y desbandada, con testigos relatando que lograron huir entre los disparos para refugiarse. Tras la agresión, la zona fue acordonada por elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, quienes realizaron un rastreo sin reportar detenciones inmediatas. Peritos aseguraron más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder en el sitio.
Este brutal atentado se enmarca en una espiral de violencia extrema que sacude al estado de Guanajuato, particularmente a su corredor industrial. Tan solo el sábado, un día antes de la masacre en la cancha, seis personas fueron ejecutadas en dos comunidades de Salamanca en hechos atribuidos al grupo delictivo “La Marriza”, célula vinculada al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). En el primer ataque, un comando ingresó a un domicilio en la comunidad Cuarto de Altamira, matando a tres hombres y secuestrando a otro. Horas después, en San Vicente de Flores, fueron hallados restos humanos en cuatro bolsas de plástico junto a un mensaje de “La Marriza” adjudicándose el homicidio.
La violencia del sábado no se limitó a Salamanca. En Irapuato, colindante con el municipio, fue asesinada otra persona, y en León las autoridades localizaron un cuerpo decapitado, elevando a ocho el total de ejecutados en el estado en un solo día. Este contexto de guerra territorial entre células criminales por el control de plazas para el narcomenudeo, la extorsión y el robo de hidrocarburos, explica en parte la audacia y ferocidad del ataque del domingo en un espacio público y familiar como una cancha de fútbol.
El modus operandi del ataque —un ataque frontal e indiscriminado en horario diurno y en un lugar concurrido— tiene como objetivo principal sembrar terror y enviar un mensaje de impunidad tanto a la población como a grupos rivales. Las canchas de fútbol, puntos de reunión comunitaria, se han convertido trágicamente en escenarios recurrentes de violencia criminal en varias partes del país, utilizadas para ajustar cuentas o ejecutar advertencias. La presencia de menores de edad entre las víctimas subraya la total desproporción y crueldad de los agresores.
La Fiscalía de Guanajuato centra su investigación en el grupo “La Marriza” como presunto responsable intelectual y material de la masacre, aunque no ha descartado la participación de otras facciones en el marco del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control de la región. Guanajuato lleva años siendo el estato más violento del país en números absolutos de homicidios, una triste distinción que refleja la intensidad de esta pugna criminal y la incapacidad de las estrategias de seguridad para contenerla.
La respuesta gubernamental inmediata se limitó al acordonamiento y despliegue de fuerzas federales, una fórmula que, si bien es necesaria, ha demostrado ser insuficiente para prevenir este tipo de hechos. La falta de detenciones en las primeras horas evidencia los retos de inteligencia y reacción que enfrentan las corporaciones. La sociedad civil en Salamanca y municipios aledaños ha reaccionado con dolor, indignación y un profundo miedo, cuestionando la efectividad de las autoridades para garantizar un entorno seguro para el desarrollo de la vida cotidiana.
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