Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, personal operativo, militares y empresarios acusados de participar en el llamado huachicol fiscal. La investigación apunta a una red de corrupción que durante años facilitó el ingreso ilegal de combustible a México desde distintos países, generando pérdidas millonarias y debilitando la seguridad energética.
Un operativo sin precedentes
Desde el 1 de agosto de 2025 comenzaron a girarse órdenes de aprehensión en distintas entidades del país. El objetivo, según fuentes federales, es desarticular una estructura que permitió el contrabando de combustible a gran escala. Algunas órdenes ya han sido ejecutadas, mientras que otras se encuentran en proceso de ser liberadas por jueces.
La magnitud del operativo quedó clara tras la conferencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de hidrocarburos. Entre ellas se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.
El caso Ruffo Appel
El nombre del exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Ruffo Appel, aparece como uno de los principales involucrados. Socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., Ruffo es señalado por su presunta relación con un megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, ocurrido el 7 de julio.
De acuerdo con registros, Ingemar inició en 2018 como compañía de construcción y bienes raíces, pero en 2019 modificó su objeto social para entrar al mercado de hidrocarburos. En 2021, Ruffo se incorporó como socio mayoritario y en 2023 obtuvo permisos para importar 500 millones de litros de combustibles, a pesar de que la administración de López Obrador mantenía congelados más de 8 mil permisos similares.
Ruffo ha negado cualquier responsabilidad y asegura que, si es requerido, está dispuesto a comparecer. Afirma que la verdadera responsabilidad recae en la comercializadora Crismón Hidrocarburos y Derivados, empresa autorizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Colusión al más alto nivel
Las investigaciones apuntan a que el huachicol fiscal no se sostiene solo con la corrupción de agentes menores, sino con la participación de funcionarios de alto rango y militares. La detención del vicealmirante Manuel Farías Laguna, acusado de contrabando, confirma la profundidad de la red.
El modus operandi detectado por la FGR y el SAT incluía reportar el ingreso de aditivos o desechos industriales cuando en realidad se trataba de millones de litros de combustibles ilegales. A cambio, agentes aduanales recibían sobornos millonarios.
Casos relevantes
En marzo de 2025, el buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal en Tampico. Días después, el buque Torm Agnes, de origen chino, trató de introducir 10 millones de litros. Otro petrolero, el Challenge Procyon, con bandera de Singapur, intentó descargar 20 millones de litros de forma ilegal.
Por vía terrestre, en junio, autoridades decomisaron 80 pipas y 100 carrotanques con más de 20 millones de litros de huachicol en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Aduanas bajo control militar
Desde 2020, las 49 aduanas del país quedaron bajo vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, con la intención de frenar la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, los reportes indican que el contrabando de combustible se incrementó. Por ello, desde abril de 2025 se reforzaron los operativos en puertos y pasos fronterizos como Reynosa, Matamoros, Nogales y Tijuana.
Empresas bajo la lupa
Además de los funcionarios y militares, la investigación se extiende a empresas importadoras, comercializadoras y distribuidoras, que habrían facilitado la entrada de huachicol fiscal al país. Sus permisos les permitían la compraventa y transporte de hidrocarburos, pero según la FGR, también fueron utilizados para encubrir operaciones ilegales.
De 2015 a 2024, la extinta CRE procesó casi mil solicitudes de comercialización de hidrocarburos. Más de 40% fueron rechazadas o quedaron en trámite. Pese a ello, varias de las compañías autorizadas aparecen ahora en la lista de investigadas.
Impacto nacional
El huachicol fiscal ha generado pérdidas millonarias al erario y fortalece a redes criminales dedicadas al tráfico de hidrocarburos. El actual operativo representa una de las acciones más amplias contra este delito, pero también abre un debate sobre la responsabilidad de autoridades que debieron vigilar y no lo hicieron.
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