Filiberto Cruz MonroyEn una conferencia de prensa celebrada esta mañana, el magistrado Juan José Olvera López expresó su preocupación sobre lo que considera una oportunidad perdida para resolver la crisis constitucional que enfrenta México. Según Olvera López, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar por terminado el debate sin abordar los temas de fondo pone en riesgo el Estado de Derecho en el país.
“Tarde o temprano tendrá que imponerse la cordura”, afirmó el magistrado, quien subrayó la importancia de activar los mecanismos legales como el juicio de amparo o los organismos internacionales para restaurar el orden constitucional. En sus declaraciones, Olvera López insistió en que la Corte tenía la obligación constitucional de analizar a fondo los temas en disputa y de emitir un pronunciamiento detallado. A su juicio, la decisión apresurada de no continuar con el debate carece de la profundidad que la situación requiere.
Olvera López también señaló lo que considera una “falla metodológica” en la decisión de la Corte. En particular, criticó que el ministro Pérez Dayán, tras perder la procedencia de su voto, terminara apoyando la decisión de fondo, lo que, según él, afectó la calidad de la resolución.
En paralelo, la magistrada Julia María del Carmen García expresó su desazón por lo que interpretó como una «traición» por parte de algunos actores judiciales, especialmente el ministro Pérez Dayán, quien, según García, ha fallado en su lealtad a los principios democráticos y constitucionales. “Me duele un poco la traición”, dijo la magistrada, al referirse a la posición adoptada por el ministro respecto a la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, lo cual, según ella, fue un tema clave no suficientemente abordado por la Corte.
Ante lo que considera una “falla” en la respuesta judicial nacional, García indicó que el siguiente paso será llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La magistrada advirtió que este proceso podría tomar tiempo, ya que implica un proceso formal que incluirá la presentación de informes y declaraciones del Estado mexicano. De concretarse, este proceso podría derivar en la responsabilidad del gobierno mexicano por las violaciones a los derechos fundamentales que, según los magistrados, están en juego.
El magistrado José Rogelio Alanís García también ofreció una fuerte crítica al voto del ministro Pérez Dayán, quien consideró responsable de un «ataque» contra la República y la democracia mexicana. Alanís García expresó que, al votar de la manera en que lo hizo, Pérez Dayán no solo actuó en contra de la Constitución, sino que además atentó contra la estructura federal del país.