Jair FigueroaEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una “consideración constitucional” para retirar la nacionalidad venezolana a todo ciudadano que, según dijo, “se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir el país”. La medida apunta directamente al opositor Leopoldo López, exiliado en España desde 2020.
El anuncio fue realizado durante una transmisión en cadena nacional por el canal estatal VTV, donde Maduro acusó a López de “traición a la patria” y de promover una intervención militar extranjera en territorio venezolano.
“He solicitado al Tribunal Supremo autorizar que se retire la nacionalidad y toda documentación a quien traicione a su país. No se puede ser venezolano y, al mismo tiempo, pedir una invasión de tropas extranjeras”, expresó el mandatario.
La solicitud de Maduro ante el Tribunal Supremo
De acuerdo con Maduro, su petición se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución venezolana, el cual establece que los ciudadanos tienen el deber de “honrar y defender la patria” y proteger la soberanía e integridad territorial.
Sin embargo, el artículo 35 de la misma Constitución es claro al afirmar que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, lo que plantea un posible conflicto legal si el TSJ decide aceptar la solicitud.
El mandatario insistió en que su gobierno actuará “con firmeza” frente a quienes “sirvan a intereses extranjeros”, en referencia al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde se espera la llegada del portaaviones más moderno de su flota.
Leopoldo López, el primer señalado
El principal aludido por esta iniciativa es el opositor Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y uno de los críticos más visibles del régimen chavista. López, exiliado en Madrid desde 2020, ha sido acusado por el gobierno de “promover sanciones” y “pedir una intervención militar” en Venezuela.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que el presidente presentó formalmente la solicitud ante el TSJ para retirar la nacionalidad de López y proceder con la anulación de su pasaporte.
Rodríguez acusó al dirigente de “traición”, alegando que ha pedido “una invasión militar y el asesinato masivo de venezolanos con apoyo de gobiernos extranjeros”.
Respuesta de Leopoldo López: “Maduro está arrinconado”
Desde Madrid, Leopoldo López reaccionó asegurando que Maduro busca callar a la oposición mediante el miedo y la represión.
“Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos todos los venezolanos: libertad. Está arrinconado y quiere amenazar a quienes luchamos por un cambio”, declaró el opositor.
López sostuvo que sería “el primer ciudadano nacido en Venezuela” al que se le aplicaría una medida de este tipo, la cual calificó de “ilegal y arbitraria”.
Críticas internacionales y comparaciones con Cuba y Nicaragua
El partido Voluntad Popular denunció que esta medida imita las políticas de los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua, donde se ha utilizado la desnacionalización como herramienta de represión política.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos también han advertido sobre el deterioro del Estado de derecho en Venezuela, señalando que el TSJ actúa bajo control del Ejecutivo y carece de independencia judicial.
Analistas políticos señalan que esta estrategia busca intimidar a los opositores exiliados y fortalecer el discurso nacionalista de Maduro en medio de una creciente presión internacional y crisis económica interna.
El dilema constitucional
Expertos en derecho constitucional recuerdan que la Constitución venezolana no permite privar de la nacionalidad a ciudadanos por nacimiento, lo que haría inviable jurídicamente la medida de Maduro.
“Se trata más de un acto político que jurídico”, opinan especialistas consultados por medios locales.
El anuncio de Maduro marca un nuevo capítulo en la confrontación política venezolana. Mientras el presidente defiende su decisión como un acto de soberanía, la oposición lo interpreta como un intento desesperado de silenciar voces disidentes.
La tensión entre el gobierno y el exilio venezolano sigue creciendo, y la medida, de concretarse, podría tener consecuencias diplomáticas con España y otros países que acogen a líderes opositores.
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