Héctor O. CarriedoCuando la historia de la 4T sea escrita con la serenidad que da el tiempo, probablemente se concluirá que el adversario más persistente no fueron los partidos derrotados en las urnas, sino el viejo poder mediático. Porque mientras el poder político cambió de manos en 2018, el poder para fabricar consensos, moldear percepciones y administrar la indignación permaneció, en buena medida, donde siempre había estado: en un reducido grupo de corporaciones de comunicación estrechamente vinculadas con las élites económicas y políticas que dominaron México durante el periodo neoliberal.
Durante más de tres décadas, los grandes medios corporativos no fueron simples observadores de la vida pública. Fueron actores políticos privilegiados. Decidían quién era un demócrata modernizador y quién un populista; quién era un reformador y quién un peligro para el país; qué escándalos merecían primeras planas y cuáles debían desaparecer del debate colectivo y la agenda pública. El presupuesto multimillonario de publicidad oficial, las concesiones del espectro radioeléctrico y la cercanía con los gobiernos en turno consolidaron un sistema donde la información frecuentemente convivía con intereses económicos y políticos.
En los hechos, buena parte de esos conglomerados actuó no solo como empresas periodísticas, sino también como grupos de interés y de presión que defendían agendas económicas, regulatorias y políticas favorables a sus propios negocios. La contienda por la narrativa pública fue también, en muchos casos, una disputa por preservar posiciones de poder e influencia.
El cambio de régimen y la llegada de la 4T alteraron ese modelo. Al reducir drásticamente la publicidad oficial, eliminar privilegios y establecer una comunicación directa con la ciudadanía, el gobierno rompió una relación de mutua conveniencia que durante decenios había funcionado como un mecanismo informal de control político. Desde entonces comenzó una batalla por la narrativa nacional que aún está lejos de concluir.
Andrés Manuel López Obrador sabía que la disputa política no se libraría únicamente en el Congreso o en las instituciones, sino en el terreno de la comunicación pública. Decidió confrontar de manera abierta, cotidiana y personalizada a una comentocracia que había ejercido durante décadas un poder sin contrapesos ni escrutinio equivalente. Esa estrategia fue reiteradamente criticada por sus detractores como <polarizante> y respaldada por sus simpatizantes como un ejercicio inédito y directo de rendición de cuentas frente a quienes también influyen en la vida pública. En cualquier caso, modificó las reglas del juego: por primera vez, periodistas, analistas, medios y propietarios dejaron de ser observadores prácticamente intocables para convertirse también en sujetos de crítica política y escrutinio ciudadano.
Las mañaneras constituyen sin duda la innovación política y comunicacional más trascendente del México contemporáneo. Más que una conferencia de prensa tradicional, se constituyó como un mecanismo permanente de comunicación directa entre el gobierno y el pueblo de México, reduciendo la capacidad de intermediación exclusiva de los grandes consorcios mediáticos. Además de fijar la agenda pública, responder cuestionamientos y transparentar decisiones gubernamentales, las mañaneras permiten confrontar públicamente información considerada falsa o inexacta y ofrecer la posición oficial en tiempo real. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener este ejercicio, con ajustes de formato y estilo, refleja la convicción de que la comunicación directa se ha convertido en un instrumento estratégico de gobierno y en un contrapeso frente a la concentración histórica del poder mediático.
La evidencia política de los últimos años muestra un hecho difícil de ignorar: la enorme influencia histórica de los grandes medios ya no garantiza capacidad para definir el sentido del voto ciudadano. A pesar de la intensa confrontación mediática con la 4T, Morena y sus aliados obtuvieron sucesivas victorias en los procesos electorales federales y locales, incluida la elección presidencial de 2024. Ello no significa que las intensas campañas críticas hayan carecido por completo de efectos, pero sí sugiere que la capacidad de los viejos consorcios mediáticos y de buena parte de la comentocracia para orientar por sí solos las preferencias electorales se ha reducido de manera considerable. En esa medida, el poder de imponer narrativas ya no descansa exclusivamente en las grandes corporaciones de comunicación, sino en una esfera pública mucho más fragmentada, plural y disputada que la de hace apenas una década.
La pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿puede hablarse de absoluta independencia cuando varios de los principales consorcios mediáticos pertenecen a grupos empresariales cuyos intereses dependen, en distinta medida, de decisiones del propio Estado? Televisa opera mediante concesiones públicas; Grupo Salinas participa en banca, comercio, telecomunicaciones y mantiene litigios fiscales; Grupo Empresarial Ángeles combina hospitales, hoteles, infraestructura y medios; América Móvil interviene simultáneamente en telecomunicaciones y plataformas informativas. No es ninguna ilegalidad; más bien una invitación a reconocer que la concentración económica también puede traducirse en concentración de influencia política.
Precisamente por esa controversia, resulta indispensable que toda plataforma con capacidad de influir en la deliberación pública —sea un medio tradicional o digital— mantenga estándares de transparencia sobre su financiamiento, estructura de propiedad y posibles conflictos de interés.
Los propios periodistas de élite tampoco pueden quedar al margen del escrutinio que exigen al poder público. En una democracia el periodismo debe investigar a los gobernantes; pero también es legítimo que la sociedad conozca los posibles conflictos de interés, relaciones empresariales, fuentes de financiamiento y vínculos políticos de quienes diariamente moldean la opinión pública. La credibilidad no se proclama: se construye con independencia, transparencia y disposición permanente a corregir errores.
Por ello resultan tan relevantes los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Lejos de la caricatura presentada por algunos de sus detractores, estos lineamientos buscan desarrollar el mandato constitucional y la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para garantizar derechos que durante años permanecieron en el papel. Si los medios exigen rendición de cuentas a todos los poderes, resulta razonable que también acepten reglas que fortalezcan la transparencia y los derechos de quienes consumen sus contenidos.
Los medios corporativos y hegemónicos de comunicación aún no han sufrido una derrota definitiva, y en términos realistas es muy probable que persistirán. Es cierto que han perdido contratos millonarios, audiencia, monopolio narrativo y buena parte de la credibilidad de la que gozaron durante décadas. Pero continúan disponiendo de recursos financieros considerables, infraestructura tecnológica, presencia nacional e influencia política. Conservan la capacidad de instalar temas, amplificar errores gubernamentales, condicionar debates públicos e influir sobre sectores importantes de la opinión nacional e internacional.
Por ello, no se puede subestimar la capacidad de adaptación del viejo establishment mediático. Es previsible que la confrontación por la narrativa se intensifique en los próximos años y que proliferen campañas de desprestigio, acusaciones discutibles y polémicas, así como coberturas desproporcionadas.
Desde una perspectiva crítica hacia estos grupos, incluso algunos de sus principales propietarios parecen haber transitado de la defensa de intereses empresariales a una participación política abierta. El caso de Ricardo Salinas Pliego es ejemplo de esa evolución: un negociante heredero de un clan empresarial y beneficiario del antiguo régimen que, frente a controversias fiscales, regulatorias y al debilitamiento de su influencia tradicional, ha asumido un papel político cada vez más explícito, manifestando afinidades con sectores de derecha y ultraderecha y buscando influir de manera directa en el debate público. Ello confirma la creciente convergencia entre poder económico, poder mediático y activismo político.
La respuesta, sin embargo, no puede consistir únicamente en la réplica cotidiana desde la tribuna presidencial. La 4T necesita construir una estrategia cultural y comunicacional contrahegemónica. No para sustituir un monopolio propagandístico por otro, sino para consolidar un ecosistema verdaderamente plural: medios públicos robustos, periodismo independiente, transparencia sobre la propiedad y los conflictos de interés de los medios corporativos, alfabetización mediática y ciudadanos capaces de contrastar versiones antes de aceptar cualquier narrativa como verdad absoluta.
La batalla cultural decisiva del siglo veintiuno ya no se libra únicamente en las urnas ni en los mercados. Se libra en el terreno de la información y los relatos dominantes. La democratización de México seguirá incompleta mientras la democracia política no vaya acompañada de una verdadera democratización del poder de informar.