La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la Presidenta Claudia Sheinbaum firmaron un convenio de 6,400 millones de pesos para tecnificar el riego agrícola en Guanajuato, en un acto que combinó pragmatismo político y ambición ecológica. El acuerdo, parte del Programa Prioritario de Bienestar, incluye la construcción del acueducto Presa Solís-León (15,000 millones de pesos) para abastecer a cinco municipios, intervenir 10,200 hectáreas y beneficiar a 25,000 productores. Además, se recuperarán 120 millones de m³ de agua, clave en un estado azotado por sequías.
Pero el evento no se limitó al agua: horas antes, ambas líderes inauguraron la Central de Ciclo Combinado (CCC) de Salamanca, la planta más moderna de México, con capacidad para generar 927.10 MW (equivalente a 540,000 hogares) y reducir 3.5 millones de toneladas de CO₂. La obra, operada por la CFE, optimiza el uso de agua y ahorra 7 millones de m³ anuales, una jugada estratégica para el Bajío, región industrial en auge.
Libia Dennise, autodenominada «Gobernadora todo terreno», destacó: «Aquí tienes una aliada. Construyamos juntas el mejor futuro», mientras Sheinbaum elogió la «ejemplar» coordinación con Guanajuato. Sin embargo, tras el discurso de unidad, surgen preguntas: ¿Es esta alianza un modelo replicable para otros estados o una excepción política?
Prospectiva:
El éxito de estos proyectos podría convertir a Guanajuato en un laboratorio nacional. Si el acueducto y la tecnificación de riego mitigan la crisis hídrica, otros estados presionarán por esquemas similares, aunque el riesgo de sobreexplotación persiste. La CCC, por su parte, impulsará la competitividad industrial, pero su dependencia del gas natural cuestiona su sostenibilidad a largo plazo. Además, la alianza Sheinbaum-Libia Dennise, pese a diferencias partidistas, podría sentar un precedente para colaboraciones futuras entre federación y estados opositores. Sin embargo, con el acueducto programado hasta 2028 y elecciones en el horizonte, el verdadero desafío será garantizar continuidad… y evitar que el agua y la energía se conviertan en moneda política.
