Filiberto Cruz MonroyEl comité de evaluación del Poder Legislativo ha incumplido con las disposiciones constitucionales al no publicar el listado definitivo de aspirantes elegibles para la elección del próximo 2 de junio. A pesar de que tenía hasta el 15 de diciembre para hacer público este listado, a las 00:00 horas del 16 de diciembre no se habían dado a conocer los nombres de los candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales y legales.
Este comité, integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García, es el que más controversia ha generado en este proceso inédito para la selección de ministros, magistrados y jueces. La situación se complica aún más debido a varios errores cometidos durante el proceso de registro, que incluyó la inclusión de nombres repetidos, errores de escritura y números sin sentido en los listados preliminares. Aunque el comité justificó estos fallos como «pruebas», las irregularidades generaron desconcierto entre los aspirantes y la ciudadanía.
El proceso de selección comenzó con un registro masivo de 11,904 aspirantes, de los cuales 11,646 se inscribieron electrónicamente y 258 de manera presencial. Sin embargo, a las pocas horas de hacer público el registro preliminar, el comité informó que había recibido otros 18,000 registros adicionales a través de correos electrónicos debido a la saturación de su sitio web.
A pesar de que algunos miembros del comité aseguraron que se cumplían los plazos y que avanzaban a buen ritmo en la revisión de los aspirantes, la falta de transparencia y el incumplimiento de los plazos constitucionales para la publicación del listado definitivo pone en duda la gestión de este comité. Según la reforma constitucional al Poder Judicial, los tres poderes de la Unión deben contar con al menos 5,410 aspirantes, lo que da un total de 16,230 candidatos finalistas que deberán participar en un proceso de selección que culminará en junio de 2024.
Los comités de evaluación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debían verificar que los aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales y legales antes del 14 de diciembre, y publicar los nombres de los elegibles al día siguiente. Mientras que el Poder Judicial y el Ejecutivo cumplieron con los plazos establecidos, el Legislativo no ha logrado dar a conocer la relación definitiva de los aspirantes que avanzan a la siguiente fase.