Laura Itzel Castillo resalta beneficios de la nueva Ley de Amparo

Jair Figueroa
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La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo un llamado a enfocar la atención en los beneficios generales de la reforma a la Ley de Amparo, más allá de las controversias por los artículos transitorios. Durante una entrevista realizada este viernes, destacó que los cambios aprobados por el Senado buscan fortalecer los derechos ciudadanos, agilizar los procesos judiciales y evitar abusos en la aplicación del recurso de amparo.

Castillo Juárez subrayó que entre los puntos más relevantes se encuentra la disposición que impide la presentación de “amparo sobre amparo”, especialmente en casos donde los contribuyentes buscan evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales. “Esta es una de las cosas que debemos recalcar, porque refuerza la justicia y la equidad tributaria”, apuntó.


Reforma centrada en la justicia y la eficiencia

La senadora explicó que el objetivo central de la reforma es modernizar el sistema de justicia, reducir los tiempos para dictar sentencia y avanzar en la digitalización de los procedimientos judiciales, lo que permitirá un acceso más ágil y transparente.

“Estamos hablando de una transformación que beneficia directamente a los ciudadanos. Se simplifican los procesos, se acortan los plazos y se amplían las herramientas para la defensa de los derechos humanos”, afirmó.


Diputados definirán ajustes al transitorio

Laura Itzel Castillo aclaró que será la Cámara de Diputados la encargada de determinar si se realizan ajustes en la redacción del artículo transitorio relacionado con la retroactividad de las reformas. No obstante, insistió en que lo importante es mantener la mirada en el espíritu general de la ley y en las mejoras que ofrece.

“Debemos centrarnos en los beneficios generales que tiene esta reforma para la ciudadanía y en fortalecer uno de los instrumentos más importantes para la protección de los derechos fundamentales: el amparo”, dijo.


Escucha ciudadana y transparencia legislativa

La presidenta del Senado recordó que la reforma fue el resultado de un proceso de consulta amplia con expertos, juristas, académicos y organizaciones civiles, a través de los foros realizados en la Cámara Alta.

“Escuchamos todas las voces, incluyendo a especialistas en derecho constitucional y en derechos humanos. Uno de los temas más debatidos fue el del interés legítimo, que finalmente se mantuvo con un enfoque colectivo”, señaló.

De acuerdo con Castillo Juárez, este avance refuerza la participación ciudadana en la defensa de causas sociales, al permitir que grupos organizados puedan interponer amparos colectivos cuando se vulneren derechos comunes.


Digitalización y acceso ciudadano

Uno de los cambios más aplaudidos es la incorporación del uso de herramientas digitales para tramitar los amparos, lo que permitirá que los ciudadanos puedan acceder a la justicia desde cualquier parte del país.

“La digitalización del amparo es un paso hacia la modernización. Quien tenga acceso a Internet podrá hacerlo de manera electrónica, y quien no, podrá seguir los procedimientos tradicionales. Lo importante es garantizar que nadie quede fuera”, explicó la legisladora.

La senadora subrayó que esta medida facilitará la participación ciudadana, reducirá costos y tiempos, y contribuirá a una justicia más cercana y eficiente.


Una reforma con visión ciudadana

Laura Itzel Castillo reiteró que el espíritu de la reforma es proteger los derechos humanos y fortalecer la confianza en el sistema judicial mexicano. Añadió que la modernización de la Ley de Amparo era una demanda histórica de abogados, jueces y ciudadanos.

“Es una reforma que pone en el centro a las personas. Fortalece la legalidad, la transparencia y el acceso a la justicia, que son pilares fundamentales de nuestra democracia”, señaló.


Enfoque en la justicia social

Finalmente, Castillo Juárez sostuvo que los cambios en la Ley de Amparo buscan equilibrar la relación entre el ciudadano y el Estado, garantizando que los derechos individuales y colectivos puedan defenderse de manera justa y sin abusos procesales.

“Es un paso más hacia un país donde la ley sirva a la gente y no se convierta en un instrumento para el privilegio”, concluyó.


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