Filiberto Cruz MonroyLa elección judicial de este 1 de junio se presenta como un circo de vacíos legales y maniobras electorales que rozan lo absurdo, donde la falta de normas claras y los recovecos de una reforma judicial mal concebida abren la puerta a innumerables problemas.
La campaña, limitada a 60 días y sometida a restricciones casi quijotescas –prohibiendo desde gorras y playeras hasta la contratación de entrevistas–, se ve obligada a recurrir al azar y la creatividad en redes sociales para lograr visibilidad. La ironía es palpable: se pretende que la viralidad y el “volanteo” en calle sustituyan a una estrategia política seria en la elección de 881 cargos federales y más de dos mil estatales.
El electorado, compuesto por 99.7 millones de ciudadanos, deberá enfrentar un proceso en el que la propaganda impresa se limita a papel reciclable y la difusión digital queda restringida por la prohibición de pagar pauta. La ausencia de precampañas y la obligación de suspender cualquier acto de proselitismo con tan solo tres días de anticipación crean un ambiente electoral casi de “caza del tesoro”, donde cada acción en redes puede ser la diferencia entre la notoriedad y la invisibilidad.
¿No resulta absurdo que, en plena era digital, se permita la propagación orgánica en plataformas como TikTok, mientras se reprime cualquier intento de profesionalizar la campaña? La ironía no es menor cuando candidatas como Loretta Ortíz o Lenia Batres se dedican a exhibir hasta la más trivial de las anécdotas personales, intentando disfrazar una estrategia de autopromoción que bien podría verse como una burla de la seriedad que demanda la judicatura.
Pero el verdadero escarnio reside en los vacíos normativos que emanan de una reforma judicial plagada de inconsistencias y omisiones. Los lineamientos del Instituto Nacional Electoral –que imponen topes de gastos que oscilan entre 220 mil y 1.4 millones de pesos– no hacen sino resaltar la dificultad de regular un proceso que, por diseño, está condenado a ser tan poco riguroso como insuficientemente transparente.
Mientras se cuenta con la amenaza de sanciones que van desde una amonestación hasta la pérdida del registro de candidatura, se ignoran las relaciones turbias y los antecedentes dudosos que manchan el historial de muchos de los aspirantes.
El uso de redes sociales se erige, irónicamente, como la gran salvación en este proceso judicial. Las plataformas digitales, que en condiciones normales facilitarían la transparencia y el debate informado, ahora se ven convertidas en el escenario donde se libra una batalla de creatividad forzada, en la que cada video, cada “like” y cada comentario se vuelve crucial para sortear las limitaciones impuestas por un sistema legal obsoleto.
El reto de monitorear una campaña digital en la que se prohíbe pagar anuncios pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para adaptarse a la realidad contemporánea; resulta casi cómico imaginar a un consejero electoral afanándose por vigilar el comportamiento de miles de candidatos que, armados solo con sus smartphones, se lanzan al ruedo.
La elección judicial, lejos de representar un avance hacia una justicia independiente, se transforma en un mero reacomodo de intereses políticos y redes de influencia. La opacidad en la información –como la que se observa en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los datos de declaraciones patrimoniales datan de 2022– y los escándalos no resueltos en tribunales, son solo el reflejo de un sistema que, a todas luces, favorece la perpetuación de antiguos privilegios. ¿Acaso se espera que el electorado, sin acceso a datos fidedignos, decida quiénes deben impartir justicia en un país donde la política se confunde con la administración judicial?
La ironía es brutal: en una democracia que se enorgullece de su modernidad, se nos convoca a elegir entre 3,422 candidatos en un proceso que parece más una parodia que una oportunidad real de renovación.
@filibertocruz y filibertocruz@gmail.com