Filiberto Cruz MonroyDos jueces federales han concedido suspensiones que afectan el avance de la reforma judicial en México, la cual está programada para ser discutida en la Cámara de Diputados a partir de mañana. La jueza Martha Eugenia Magaña López, del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, ha emitido una suspensión provisional que prohíbe a los legisladores discutir y votar el dictamen de la reforma, que ya fue aprobado en comisiones. Esta decisión se enmarca dentro del amparo 1251/2024 y se resolverá en definitiva el próximo 4 de septiembre.
Por su parte, el juez Felipe Consuelo Soto, Tercero de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, ha otorgado una suspensión que tiene un alcance diferente. Su resolución no impide la discusión o la aprobación legislativa del dictamen, pero sí ordena que, en caso de ser aprobado por el Congreso de la Unión, el dictamen no sea enviado a las legislaturas estatales para su ratificación. La decisión del juez Soto se resolverá en su fondo el 6 de septiembre.
En el caso del fallo de la jueza Magaña, la suspensión de plano busca evitar que la reforma sea sometida a votación en la Cámara de Diputados. Según la jueza, permitir que el dictamen avance y sea aprobado por el Poder Constituyente podría poner a los jueces de Distrito en una posición de indefensión. Esto se debe a que la reforma podría llevar a su destitución sin derecho a audiencia ni a indemnización, dejando sin recurso legal a los afectados.
La jueza Magaña argumentó que es legalmente factible conceder la suspensión de oficio para proteger a los quejosos del impacto potencialmente irreversible de la reforma. Este enfoque busca garantizar que el procedimiento de reforma no surta efecto hasta que se resuelvan las impugnaciones en curso, evitando así una posible violación de los derechos de los jueces federales.
En contraste, la suspensión concedida por el juez Consuelo Soto tiene el objetivo de frenar el proceso de la reforma en una etapa posterior. Mientras que su resolución no bloquea la discusión o votación en el Congreso, sí evita que el dictamen sea enviado a las legislaturas estatales, donde al menos 17 de ellas tendrían que aprobarlo para que la reforma sea efectiva.
Además, el juez Soto ha ordenado que se giren exhortos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y se notifique a las autoridades correspondientes. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los procedimientos legislativos se ajusten a las leyes y derechos constitucionales vigentes.