Filiberto Cruz MonroyEste sábado, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, dictó una suspensión de oficio que busca detener el avance de la reforma judicial antes de que sea discutida en los congresos locales. Esta decisión se produce en un momento crítico, justo antes de que la reforma, que propone la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, comience su tramitación en la Cámara de Diputados y el Senado.
La resolución de Soto establece que la suspensión de oficio se concede para frenar los efectos de los actos reclamados, específicamente para que las Cámaras del Congreso de la Unión continúen con el proceso legislativo, pero se abstengan de enviar el decreto de reforma a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Esto permanecerá en vigor hasta que se resuelva la suspensión definitiva, protegiendo así el proceso legislativo de posibles irregularidades.
El juez Felipe Consuelo Soto accedió a la solicitud de amparo presentada por jueces de Distrito, quienes advirtieron sobre la posible vulneración de sus derechos laborales. Según los quejosos, la reforma podría dejarlos en una situación de indefensión, sin posibilidad de reintegrarse a sus cargos o recibir indemnización en caso de ser removidos. Esta situación, argumentaron, afectaría gravemente sus derechos y condiciones laborales.
La suspensión se ha concedido con carácter urgente, dado que la reforma avanza rápidamente y, si llegara a ser aprobada, se convertiría en parte de la Constitución, haciendo cualquier desafío legal a su aplicación extremadamente difícil. Soto destacó la necesidad de esta medida para evitar que la reforma se formalice como norma suprema sin una revisión adecuada.
El juez argumentó que la reforma podría resultar en el cese de jueces federales sin derecho a audiencia ni a una indemnización, lo cual subraya la importancia de conceder la suspensión. De no tomarse esta medida, los afectados quedarían en una situación legalmente inatacable, lo que significaría una grave injusticia para los miembros de la carrera judicial.