Luis Francisco SidaEl tejido vital de cualquier economía descansa sobre las carreteras que cruzan el país como arterias, llevando mercancías y conectando comunidades. Sin embargo, en México, estas mismas carreteras se han convertido en escenarios peligrosos, donde el riesgo de ser asaltado es una realidad cotidiana para los transportistas.
El reciente paro nacional de transportistas, que ha paralizado importantes vías como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, es una clamorosa llamada de atención al gobierno. Exigen, ante todo, seguridad: seguridad para ellos y para los usuarios de estas vías de comunicación que, lejos de ser seguras, se han convertido en trampas mortales.
Las cifras son alarmantes. Con un promedio de 38 asaltos diarios a transportistas, es evidente que estamos frente a una crisis que no puede seguir ignorándose. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que, en 2023, más de 9,000 transportistas fueron víctimas de asaltos, y en el 85.6% de los casos, estos actos fueron cometidos con violencia. Estos números no solo representan pérdidas materiales, sino también vidas en riesgo y familias afectadas.
Ante este panorama desolador, las respuestas del gobierno han sido insuficientes e inadecuadas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, menciona haber celebrado reuniones con los transportistas, pero estas palabras suenan a huecas promesas cuando la realidad en las carreteras sigue siendo la misma: inseguridad y peligro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica las acciones de los transportistas, atribuyéndoles motivaciones políticas. Sin embargo, desviar la atención hacia supuestos intereses políticos no resuelve el problema de fondo: la falta de seguridad en las carreteras.
Los transportistas demandan medidas concretas: desde la prohibición de vehículos doblemente articulados hasta la aplicación rigurosa de tarifas oficiales. Pero sobre todo, exigen que se frene la ola de abusos y extorsiones perpetradas por elementos de diversas corporaciones policiacas. Este último punto es especialmente preocupante, pues son precisamente las autoridades las encargadas de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
El paro nacional de transportistas no es solo una protesta gremial, es un grito desesperado de auxilio ante una situación insostenible. Si el gobierno no actúa de manera contundente y efectiva para brindar seguridad en las carreteras, estará fallando no solo a los transportistas, sino a toda la sociedad mexicana que depende de estas vías para su sustento y desarrollo. La inseguridad en las carreteras no puede seguir siendo una realidad aceptada, es hora de tomar medidas concretas y poner fin a esta crisis ignorada.