La culpa es de la lechuga

Hay que reconocer la extraordinaria capacidad de Estados Unidos para encontrar culpables. Durante décadas fueron las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, después el terrorismo, luego el narcotráfico, más tarde los migrantes y ahora, por supuesto, la lechuga. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que, cuando algo sale mal al norte del Río Bravo, tarde o temprano la responsabilidad termina recayendo en México.

Ahora resulta que un brote de ciclosporiasis en restaurantes Taco Bell tiene como protagonista a una lechuga iceberg cultivada en México. La FDA y los CDC investigan el caso y la empresa retiró el producto de manera preventiva. Hasta ahí llegan los hechos. Pero el discurso ya lo conocemos: si hay un problema sanitario, la culpa es de México; si hay inflación, la culpa es de México; si falta mano de obra, también; si sobra mano de obra, igualmente. La lechuga, al parecer, es la nueva amenaza para la seguridad nacional.

Quizá la próxima conferencia en Washington explique que el cambio climático también lo provocó una ensalada mexicana.

La ironía es que esta narrativa llega en un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos. Estados Unidos parece decidido a convertir cada tema comercial en un arma política. Aranceles al acero, presiones sobre la industria automotriz, impuestos al tomate mexicano, restricciones por el gusano barrenador que afectan al sector ganadero, reclamos por el cumplimiento del Tratado de Aguas pese a que México enfrenta una de las peores sequías de su historia. Todo parece servir como instrumento de presión.

Lo curioso es que muchas de esas reglas fueron impulsadas por el propio Estados Unidos cuando le resultaban convenientes.

Durante años Washington promovió el libre comercio como si fuera una verdad absoluta. El Tratado de Libre Comercio fue presentado como el camino inevitable para el desarrollo de América del Norte. Las fábricas se trasladaron buscando menores costos, las cadenas de suministro se integraron y las empresas estadounidenses obtuvieron enormes beneficios. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia denunció el antiguo acuerdo, pero terminó impulsando y ratificando el T-MEC, presentándolo incluso como un tratado superior.

Hoy el discurso parece haber cambiado otra vez. Ahora ya no gusta tanto el tratado que hace apenas unos años se presumía como un gran logro. Cuando México desarrolla mano de obra especializada y se convierte en un competidor más fuerte dentro de la región, aparecen voces que cuestionan el acuerdo y buscan imponer nuevas barreras comerciales. Pareciera que el libre comercio sólo funciona cuando los beneficios fluyen en una sola dirección.

Mientras tanto, la presión política tampoco disminuye. La presencia constante de agencias como el FBI, la DEA y la CIA suele justificarse bajo el argumento del combate al narcotráfico. Se habla de cooperación, de seguridad compartida y de objetivos comunes. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse por qué esa cooperación casi siempre implica una mayor injerencia estadounidense dentro del territorio mexicano y muy pocas veces una reflexión seria sobre el gigantesco mercado de consumo de drogas existente en Estados Unidos o sobre el flujo de armas que cruza la frontera en sentido contrario.

La relación bilateral también tiene un rostro profundamente humano que con frecuencia queda relegado. El gobierno de México contabiliza 17 migrantes mexicanos fallecidos en incidentes relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De ellos, 14 perdieron la vida bajo custodia en centros de detención, debido a problemas médicos y suicidios, mientras que tres murieron durante operativos migratorios. Son cifras que difícilmente ocupan los grandes titulares cuando el debate público se concentra en endurecer políticas migratorias.

Sin embargo, el relato dominante insiste en presentar a los migrantes como el problema y no como personas cuya vida también merece protección.

Y mientras todo eso ocurre, la lista de acusaciones continúa creciendo. Si el precio del tomate incomoda, la culpa será del tomate mexicano. Si aparece el gusano barrenador, también será responsabilidad de México. Si falta agua en el río Bravo, se ignora la sequía y se exige cumplir como si la naturaleza obedeciera calendarios diplomáticos. Si una planta automotriz produce demasiado, habrá aranceles. Si el acero mexicano compite, habrá más restricciones.
Y ahora, por supuesto, la lechuga.

Porque nada simboliza mejor esta relación desigual que esa capacidad de convertir cualquier asunto en un argumento político. Da igual si se trata de comercio, migración, agricultura, seguridad o salud pública. Siempre parece existir un nuevo motivo para señalar a México como responsable.

Así que quizá debamos aceptar la realidad. Tal vez la lechuga no sólo contagia ciclosporiasis. Tal vez también provoca déficits comerciales, genera sequías, mueve los mercados internacionales, altera los tratados comerciales, impulsa la migración, dirige a la DEA, asesora al FBI, coordina a la CIA y convence a los presidentes de cambiar de opinión sobre los acuerdos que ellos mismos firmaron.

Al final, qué alivio saber que el problema nunca son las decisiones políticas, las contradicciones o los intereses económicos. Es mucho más sencillo culpar a una lechuga.