Héctor O. CarriedoHoy la política no se decide únicamente en las urnas ni en las instituciones. Se define también en el terreno donde se construye lo que la sociedad considera real: la información, las narrativas y la percepción pública. En ese campo se juega buena parte del destino democrático y progresista del país.
Por eso, la exposición de Luisa Alcalde sobre las redes de difusión de narrativas falsas plantea un problema que el gobierno mexicano no puede reducir a una disputa entre periodistas y políticos. El fenómeno exige una respuesta de Estado democrática, profesional y estratégica. La cuestión de fondo no es perseguir periodistas, censurar medios ni fabricar una verdad oficial, sino impedir que la democracia quede subordinada a quienes poseen mayor capacidad económica, tecnológica y mediática para imponer una interpretación de la realidad.
Los comunicadores de élite mencionados por Alcalde obligan a cuestionar otra premisa: que los periodistas <de élite> son actores indefensos frente al poder presidencial. La realidad es más compleja. Los comunicadores también ejercen poder: pueden fijar agenda, definir marcos interpretativos, instalar acusaciones, orientar percepciones y movilizar audiencias masivas. Detrás de muchos de ellos existen empresas mediáticas, grupos económicos, intereses corporativos y redes de influencia con recursos financieros y tecnológicos muy superiores a los de cualquier ciudadano.
El poder presidencial es real, pero también lo son los poderes económico, mediático y cultural capaces de convertir una versión en tendencia, una acusación en sentencia pública o una sospecha en percepción colectiva. La pregunta democrática no debe ser quién posee absolutamente el poder, sino quién puede influir sobre millones de personas, con qué recursos, qué intereses representa y qué mecanismos existen para exigir responsabilidad cuando difunde información falsa o deliberadamente manipulada.
Reconocer ese poder no significa criminalizar la crítica ni otorgar al gobierno facultades de censura. Significa analizar el entramado económico, empresarial, político y tecnológico que potencia la capacidad de influencia de determinados actores. Una democracia auténtica no teme a la crítica; teme a cualquier concentración de poder —político, económico o mediático— que opere sin contrapesos, transparencia ni responsabilidad social.
El ecosistema actual hace todavía más compleja esta disputa. Los medios producen información, los comentaristas la interpretan, los dirigentes políticos la utilizan, las redes sociales la reempaquetan y los algoritmos la multiplican. Miles de cuentas pueden convertir un mensaje marginal en una supuesta tendencia nacional. No todo medio crítico forma parte de una conspiración ni toda información incómoda es falsa; pero la circulación artificial o coordinada de contenidos puede alterar la percepción colectiva.
La repetición no convierte una mentira en verdad, pero sí puede convertirla en percepción social.
Por ello, una estrategia contrahegemónica no debe sustituir una hegemonía privada por una hegemonía gubernamental. Debe disputar democráticamente la construcción del sentido común mediante información verificable, medios públicos robustos, periodismo profesional, transparencia, datos abiertos y capacidad institucional para responder con rapidez a la desinformación.
El Estado debe pasar de una comunicación fundamentalmente reactiva a una política estratégica. No basta con desmentir una falsedad cuando ya se volvió viral. La respuesta debe anticiparse, documentar, explicar y contextualizar. Eso exige capacidades permanentes de monitoreo de narrativas, verificación de datos, análisis de redes, identificación de campañas coordinadas y comunicación de crisis, siempre bajo reglas públicas, criterios técnicos y controles democráticos.
Pero comunicar políticas y resultados tampoco es suficiente. Los hechos no hablan por sí mismos. Un programa social puede ser presentado como clientelismo; una inversión pública, como despilfarro; una política energética nacionalista, como estatismo; una reforma institucional, como autoritarismo. El debate no ocurre solamente sobre los hechos, sino sobre su significado.
Por eso, una estrategia contrahegemónica debe explicar permanentemente el proyecto nacional: qué problemas se encontraron, qué se está modificando, quiénes se benefician, quiénes pierden privilegios y cuáles son los resultados verificables. La comunicación gubernamental debe ser también pedagógica.
Un segundo componente indispensable son los medios públicos. Pero deben ser públicos, no gubernamentales: con autonomía editorial, profesionalismo y pluralismo. Deben contar con recursos, corresponsalías, investigación periodística, producción audiovisual, plataformas digitales y capacidad tecnológica para competir en el ecosistema donde se forman las percepciones sociales. La pluralidad no se garantiza por la existencia de cientos de cuentas en redes, sino por la diversidad real de fuentes, propietarios, perspectivas y capacidades para producir información de calidad.
La lucha es también cultural. No basta con desmontar noticias falsas: hay que disputar los marcos desde los cuales la sociedad interpreta la realidad. Durante décadas se normalizaron políticas, privilegios y relaciones entre poder económico y político como si fueran inevitables. La transformación requiere nuevas capacidades sociales para interpretar críticamente la información.
De ahí la importancia de la alfabetización mediática: enseñar a identificar fuentes, distinguir información de opinión, reconocer propaganda, detectar manipulación audiovisual, verificar datos y comprender el funcionamiento de los algoritmos. Una ciudadanía crítica es mucho más eficaz contra la desinformación que cualquier aparato de censura.
La frontera debe ser inequívoca: una cosa es la crítica y otra la falsificación deliberada. Un periodista puede equivocarse, un editorial puede ser severamente crítico y un medio puede mantener una línea ideológica contraria al gobierno. Todo ello pertenece a una democracia plural. Otra cosa es fabricar deliberadamente información falsa, manipular evidencia, descontextualizar datos sistemáticamente o coordinar redes artificiales para presentar una narrativa fabricada como expresión espontánea de la sociedad. A la crítica corresponde tolerancia; frente a la falsificación deliberada, transparencia, verificación y rendición de cuentas conforme a la ley.
No se trata de controlar el relato, sino de democratizarlo. México no necesita un <Ministerio de la Verdad>, sino un ecosistema democrático capaz de disputar el monopolio de la interpretación pública: medios públicos fuertes, periodismo de investigación, derecho de réplica, transparencia sobre propiedad y conflictos de interés, defensorías de audiencias profesionales, alfabetización mediática, sistemas independientes de verificación e información pública accesible y oportuna.
El poder económico comprendió hace mucho que controlar la producción y circulación de información es una forma de poder político. La democracia mexicana también debe comprenderlo.
La respuesta nunca va a ser callar al adversario. Debe ser hablar mejor, informar mejor, verificar mejor y llegar más lejos.
La lucha política por la transformación y el progreso de México también es una batalla por el sentido de la realidad. Y esa lucha ideológico-política requiere una sociedad mejor informada y un ecosistema comunicacional suficientemente plural para impedir que el dinero, la manipulación y la amplificación artificial tengan el monopolio de decidir qué <verdad> termina escuchando la sociedad.
Héctor O. Carriedo Sáenz