RedacciónEl juez Gabriel Regis, aspirante a ministro de la SCJN, rechazó este viernes las solicitudes de amparo presentadas por Tauroplaza México y Diversiones ETM para suspender la reforma que prohíbe las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México. Aunque los amparos fueron admitidos para analizar su constitucionalidad, la negativa a la suspensión provisional representa un revés inicial para la industria taurina.
Detalles de la resolución judicial
En su fallo, el juez Regis consideró que existe un interés social en prevenir el maltrato animal, fundamentando su decisión de no conceder la suspensión provisional. Las empresas taurinas argumentaban que la reforma vulnera derechos humanos de los involucrados en la actividad y que el Congreso local invadió competencias federales en materia de protección animal y comercio.
Lo que establece la nueva normativa
La reforma aprobada el pasado 25 de marzo introduce cambios significativos en la tauromaquia capitalina. Queda estrictamente prohibido causar cualquier tipo de lesión o muerte a los toros durante los espectáculos. Se permite únicamente la realización de «espectáculos taurinos sin violencia», donde los animales deberán ser devueltos vivos a sus ganaderías después de cada evento.
Reacciones y contexto político
El sector taurino ha calificado la medida como un ataque a las tradiciones culturales y advierte sobre graves pérdidas económicas. Por otro lado, organizaciones protectoras de animales celebran la decisión como un avance histórico. La jefa de gobierno, Clara Brugada, había propuesto esta solución intermedia después de que una iniciativa ciudadana con más de 27 mil firmas pedía la prohibición total.
El largo camino legal por venir
Aunque las empresas pueden aún impugnar la decisión ante tribunales colegiados, el proceso para definir la constitucionalidad de la reforma podría extenderse más de un año. Expertos anticipan que el caso podría eventualmente llegar a la Suprema Corte de Justicia, donde se debatirán temas fundamentales sobre derechos animales, competencias legislativas y libertades económicas.
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