Un juez federal confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de la madre del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas vinculadas. La decisión provocó una fuerte respuesta del exmandatario, quien acusa persecución política y violaciones a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tribunal niega amparo contra bloqueo de cuentas
El Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, negó el amparo promovido contra el bloqueo de las cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador.
La medida también afecta a las empresas Desarrolladora Cava, S.A. de C.V., y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L.
Las cuentas fueron inicialmente bloqueadas el 18 de mayo de 2021 por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante esta decisión, los afectados promovieron juicios de amparo para revertir la medida.
Según fuentes judiciales, la resolución del 29 de mayo estableció que el bloqueo fue legal. La sentencia argumenta que la medida busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos mientras continúan las investigaciones.
García Cabeza de Vaca acusa al juez de «sicario político»
El exgobernador de Tamaulipas respondió después de las 22:00 horas del martes mediante un comunicado en su cuenta de X. En el texto, elaborado por su equipo legal, califica la decisión como persecución política del gobierno de la Cuarta Transformación.
García Cabeza de Vaca señala que el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez fue propuesto por Morena en las elecciones judiciales. Además, afirma que el magistrado fue electo mediante «acordeones utilizados ilícitamente» para controlar el Poder Judicial.
El comunicado destaca que la sentencia confirma el bloqueo bajo el argumento de una solicitud del gobierno estadounidense. Sin embargo, la defensa considera esto una «clara violación» a lo resuelto por la Suprema Corte.
Antecedentes de la persecución según la defensa
Según el exgobernador, la persecución inició en 2021 a través del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. La defensa asegura que Nieto ordenó ilegalmente el bloqueo usando falsamente una solicitud del Agregado Jurídico de la Embajada de Estados Unidos.
El comunicado menciona que esta falsedad fue reconocida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 9 de febrero de 2024.
La Segunda Sala de la Suprema Corte determinó en octubre de 2024 que el supuesto oficio del Agregado Jurídico no constituía una petición expresa de autoridad extranjera. Por tanto, consideró los bloqueos «absolutamente inconstitucionales».
García Cabeza de Vaca concluye que el juez «renunció a su deber constitucional» y se comportó «como un sicario político» al confirmar el bloqueo pese a la resolución de la Suprema Corte. El exgobernador sugiere que esta decisión garantiza la permanencia del magistrado en el Poder Judicial Federal.
