Jair FigueroaUn juez federal negó la prisión preventiva y la orden de aprehensión contra cuatro presuntos cómplices de Raúl Rocha Cantú, señalados por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al huachicol y al tráfico de armas, luego de considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no fueron suficientes. La resolución se emitió en diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, y abre la puerta a que la Fiscalía impugne el fallo ante un Tribunal Colegiado de Apelación.
¿Qué ocurrió y por qué importa?
La determinación judicial impacta un expediente de alto perfil vinculado a delitos federales graves. El juez concluyó que los datos de prueba aportados en la causa penal 495/2025 no alcanzan el estándar necesario para ordenar capturas, lo que obliga a la FGR a reforzar la investigación si pretende revertir la decisión. El caso adquiere relevancia pública por los señalamientos contra una supuesta red criminal con ramificaciones institucionales y empresariales.
Quiénes quedaron sin orden de captura
Las personas para las que se negó la orden son:
- Paul Manrique Miranda, alias Paul o El Comandante
- Jeny Guzmán Cintora, esposa del líder criminal Jacobo Reyes León, alias Yaicob
- Diego Adrián Mendoza Pérez, exfuncionario vinculado a la FEMDO
- Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias Gallegos
El juez subrayó que existen referencias aisladas, pero no corroboraciones objetivas suficientes que acrediten roles específicos dentro de la organización, pagos periódicos, flujos de capital o conductas típicas con probabilidad reforzada.
El análisis del juez sobre las pruebas
Paul Manrique Miranda
La investigación lo ubicaba como intermediario entre autoridades y el líder criminal, con supuestos pagos por información. Sin embargo, el juzgador sostuvo que las intervenciones de comunicaciones citadas carecen de corroboración independiente sobre montos, periodicidad y funciones concretas.
Diego Adrián Mendoza Pérez
Fue señalado como auxiliar que acompañaba a reuniones y fungía como “halcón”. El juez indicó que los informes no lo mencionan de manera directa ni prueban su intervención específica, por lo que no se cumple el umbral para una orden de aprehensión.
Jeny Guzmán Cintora
La FGR la ubicó como operadora financiera y presunta prestanombres. El fallo reconoce la existencia de documentos societarios, pero aclara que, por sí solos, no demuestran actividades irregulares ni lavado de dinero sin actos de investigación complementarios.
Jorge Alberto Gallegos Díaz
Se le atribuyó la inyección de capital para importación de combustible. El juez advirtió que no se acreditaron cuentas, movimientos ni flujos financieros con pruebas objetivas derivadas de diligencias concluyentes.
Contexto del caso y vías legales
El expediente se enmarca en investigaciones por delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas. La FGR aún puede impugnar la resolución y solicitar que un Tribunal Colegiado revise el fallo. Para ello, deberá robustecer la carpeta con peritajes financieros, trazabilidad de comunicaciones, seguimientos bancarios y testimonios corroborados.
Implicaciones
La resolución no equivale a una absolución. Es una decisión procesal que exige mayor solidez probatoria para medidas cautelares tan gravosas. El caso reabre el debate sobre estándares probatorios, debido proceso y la necesidad de investigaciones integrales para combatir delitos de alto impacto.
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