RedacciónEl juez federal de distrito Patrick J. Schiltz ordenó este lunes al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, que comparezca personalmente ante su tribunal este viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato a la corte, debido al incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales que exigen la realización de audiencias de fianza para migrantes detenidos en Minnesota.
La drástica medida se produce en medio de la creciente tensión legal y política por las redadas migratorias masivas ordenadas por la administración del presidente Donald Trump en ese estado, las cuales han resultado en dos muertes a manos de agentes federales este mes.
En una orden judicial de 5 páginas, el juez Schiltz, del Distrito de Minnesota, declaró que la administración no ha cumplido con sus mandatos de realizar audiencias oportunas para los detenidos, a pesar de haber desplegado «miles de agentes» en el estado. «Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían», escribió el magistrado con tono de evidente frustración.
La orden judicial llega en un contexto de creciente escrutinio legal y protestas civiles contra las tácticas del ICE. Un día antes, el presidente Trump había ordenado al llamado «zar fronterizo» Tom Homan que se hiciera cargo directamente de las operaciones en Minnesota, tras la segunda muerte de un civil a manos de un agente federal en menos de tres semanas. Además, el lunes se llevó a cabo una audiencia de emergencia en otro tribunal federal, donde el estado de Minnesota y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul solicitaron una orden judicial para detener inmediatamente las redadas. La jueza a cargo de ese caso indicó que priorizaría su fallo, pero no dio un plazo definitivo.
En su fundamentación, el juez Schiltz reconoció que exigir la comparecencia personal del máximo responsable de una agencia federal es una medida «extraordinaria». Sin embargo, justificó su decisión al señalar que «la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinaria, y se han intentado y fracasado medidas menores». El magistrado recordó que el gobierno «ha asegurado continuamente al tribunal que reconoce su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal, y que ha tomado medidas para garantizar que esas órdenes se respeten en el futuro», pero subrayó que, «desafortunadamente, las violaciones continúan».
El caso específico que motivó la orden de comparecencia involucra a un peticionario identificado sólo como Juan T.R., a quien el tribunal le concedió una petición de hábeas corpus el 14 de enero, ordenando al ICE que le proporcionara una audiencia de fianza en un plazo de siete días. No obstante, el 23 de enero, los abogados del detenido informaron al juez Schiltz que su cliente seguía bajo custodia sin haber tenido la audiencia, lo que constituye una violación directa y flagrante de la orden judicial. El juez estipuló que cancelaría la citación de Todd Lyons sólo si el peticionario Juan T.R. era liberado antes del viernes.
La orden del juez Schiltz representa un duro revés legal y logístico para la estrategia de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, que ha buscado acelerar las detenciones y deportaciones. Expertos legales señalan que una declaración de desacato contra el director interino del ICE podría conllevar sanciones económicas e incluso la posibilidad de arresto, aunque este último escenario se considera remoto. Lo que es innegable es que la medida judicial expone la disfuncionalidad y la sobrecarga del sistema generada por las redadas masivas, las cuales han saturado no solo los centros de detención, sino también los tribunales federales con recursos de amparo.
Hasta el momento, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han emitido un comentario oficial sobre la orden judicial. Mensajes de prensa dirigidos a sus portavoces el martes no obtuvieron respuesta inmediata. La comparecencia de Todd Lyons este viernes en el Tribucional Federal de St. Paul se perfila como un momento de alta tensión institucional, donde el Poder Judicial federal ejercerá una de sus facultades más contundentes para exigir rendición de cuentas al Poder Ejecutivo.
Este enfrentamiento judicial ocurre mientras en Minnesota se intensifica la resistencia civil y la organización comunitaria en contra de las redadas. Talleres de capacitación en derechos y acción no violenta se multiplican, y la presión política sobre funcionarios electos para que intervengan no cesa. La orden del juez Schiltz podría sentar un precedente crucial para otros distritos judiciales que enfrentan situaciones similares, estableciendo que las agencias federales no pueden ignorar las garantías procesales básicas, incluso en medio de operativos de gran escala.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media.