Jair FigueroaEl presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró este jueves 2 de octubre de 2025 que el decomiso de 750 mil litros de combustible en Matamoros y Nuevo Laredo evidencia un esquema de crimen organizado con participación de autoridades federales, y advirtió que todo apunta a un personaje cuya identidad “empieza con Andrés y termina con López”, en referencia al presidente de México.
Operativos recientes y hallazgos en aduanas
Romero explicó que el combustible decomisado estaba siendo transportado por una empresa con sede en Ciudad de México y propiedad de un ciudadano estadounidense. El dirigente panista señaló que los operativos en aduanas y puertos revelan la colusión de funcionarios del SAT, Aduanas, Puertos, Pemex y Marina.
“Esto es crimen organizado y nosotros exigimos que se investigue a fondo y se implique a quien se tenga que implicar”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL durante la inauguración del Foro América Libre.
Críticas al gobierno federal
El líder panista enfatizó que, a pesar de los anuncios del gobierno actual sobre combatir la corrupción, no se ha logrado un escándalo comparable en términos de transparencia y rendición de cuentas. Recordó que el fenómeno del huachicol fiscal no comenzó con gobiernos anteriores como Peña Nieto, Calderón o incluso Porfirio Díaz, sino que se consolidó durante la gestión de la 4T.
Romero retó al Ejecutivo a probar sus acusaciones, insistiendo en que las evidencias de los decomisos muestran la existencia de redes de corrupción y crimen organizado que involucran múltiples niveles de autoridad.
Implicaciones legales y políticas
El decomiso de 750 mil litros de combustible representa no solo un golpe económico sino un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar la vigilancia fiscal y aduanera en México. Jorge Romero afirmó que se requiere que las autoridades correspondientes investiguen a fondo y se sancione a quienes resulten responsables, sin importar su posición o cercanía con el poder político.
El dirigente panista concluyó que la sociedad mexicana exige resultados claros en la lucha contra la corrupción y el huachicol fiscal, y que la responsabilidad de las autoridades debe ser comprobada ante la ley.
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