Jair FigueroaEl Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio digital La Silla Rota entregar toda la información relacionada con una denuncia publicada el 9 de junio de 2025 sobre la presunta entrega de ‘acordeones’ durante la elección judicial del 1 de junio. El requerimiento, con plazo de 48 horas, incluye la advertencia de una posible multa si no se cumple, lo que ha generado críticas por un posible atentado a la libertad de prensa.
Un requerimiento bajo amenaza
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó formalmente a La Silla Rota documentación relacionada con su nota “Denuncian a trabajadores de Venustiano Carranza y gobierno por repartir acordeones el día de elección”. En el artículo, se cita a un candidato a magistrado que presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, acompañada de videos y testimonios.
Aunque La Silla Rota argumenta que la información ya está contenida en la denuncia presentada oficialmente, el INE insiste en obtenerla de forma directa desde el medio. En caso de no cumplir con el requerimiento, el INE amenaza con imponer una multa que podría alcanzar hasta 100 mil días de salario mínimo.
La directora editorial del medio, Ariadna García, calificó la medida como “una locura” y una forma de presionar a los medios para que revelen información protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la protección de fuentes.
El trasfondo político y judicial
Este episodio ocurre en el contexto del expediente INE/Q-COF-UTF/293/2025, que investiga presuntas irregularidades como aportaciones prohibidas, omisión de reportes financieros y uso de propaganda ilegal —los llamados “acordeones”— durante la histórica elección judicial del 1 de junio.
La polémica publicación apuntaba a funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza y del Gobierno de la CDMX que habrían participado en la entrega de estas guías de voto dentro de una casilla. Incluso se menciona la supuesta intervención de policías y de un funcionario para asistir a los detenidos, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.
“No vamos a revelar nuestras fuentes”
Ariadna García defendió que el periodismo tiene protección constitucional a través de los artículos 6 y 7, que garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información. Subrayó que el INE no tiene atribuciones para obligar a revelar fuentes periodísticas, y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su rechazo a este tipo de medidas.
“Esto ya parece una persecución”, afirmó García, señalando que estas acciones distraen a las autoridades de su verdadero deber: investigar con sus propios medios y no cargar esa responsabilidad a los periodistas.
Otros casos que preocupan
El caso de La Silla Rota no es aislado. En las últimas semanas se han registrado otros incidentes similares:
- Héctor de Mauleón fue sancionado por una columna en El Universal donde denunciaba corrupción y vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas. El Tribunal Electoral local ordenó retirar la nota y sancionarlo por “violencia política en razón de género”.
- Jorge Luis González, periodista de Tribuna de Campeche, recibió la orden de un juez para abstenerse de mencionar a la gobernadora Layda Sansores. Ahora, debe someter sus publicaciones a revisión judicial.
- Laura Brugés, periodista especializada en temas electorales, fue requerida por el INE para revelar su fuente sobre los mismos ‘acordeones’. Al negarse, enfrenta una posible multa de 50 mil pesos.
Estas acciones, según organismos como Artículo 19, evidencian un patrón de hostigamiento a la prensa crítica en México.
Riesgos para la democracia
Organismos de derechos humanos, periodistas y ciudadanos han expresado preocupación por el uso de recursos legales para silenciar voces incómodas. La exigencia del INE hacia La Silla Rota puede sentar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en el país.
“Es preocupante que autoridades con poder institucional busquen acallar el periodismo con sanciones”, señaló un especialista consultado.
El periodismo no debe ser criminalizado
Requerimientos como el del INE no solo amenazan con vulnerar derechos constitucionales, sino que buscan imponer un mensaje claro: si se publica algo incómodo, habrá consecuencias.
El debate está abierto: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad electoral en nombre de la legalidad sin comprometer la libertad de prensa?
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