Filiberto Cruz MonroyEl Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al Senado de la República inconsistencias en la lista de 4,224 aspirantes a jueces, magistrados y ministros, entregada el 12 de febrero para el Proceso Electoral Extraordinario. Mediante un oficio dirigido a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, el INE señaló que el archivo en Excel contiene «espacios vacíos» en datos esenciales, exigiendo su corrección en 48 horas para garantizar la legalidad del proceso.
El INE subrayó que los tiempos son críticos, dado que se trata de una elección atípica con calendario reducido. Fernández Noroña respondió en redes sociales que subsanarán los errores, aunque aclaró que la información provino de listados públicos, no del Poder Judicial: «Somos un órgano que coadyuva. Corregiremos las omisiones, pero el PJ no nos facilitó datos». El legislador acusó al Poder Judicial de intentar «deslegitimar la elección» y filtrar el oficio como parte de un «golpeteo político».
Fernández Noroña insistió en que el Senado carece de acceso a información judicial detallada, responsabilizando al PJ de obstaculizar el proceso. Pese a esto, afirmó que las campañas electorales iniciarán en marzo según lo planeado, con miras a la votación del 1 de junio. El INE, por su parte, mantiene presión para evitar retrasos que pongan en riesgo la certidumbre jurídica de la elección.
Este proceso, que someterá por primera vez la selección de jueces al voto popular, enfrenta desafíos técnicos y políticos. Mientras el INE busca depurar la lista de candidatos, la falta de colaboración interinstitucional y las acusaciones de filtraciones reflejan la polarización en torno a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
La resolución de estos errores será clave para asegurar transparencia en un proceso que redefine la relación entre ciudadanía y justicia. Con plazos ajustados, la presión recae en el Senado y el INE para cumplir metas sin ceder a disputas partidistas.