INE aprueba presupuesto de 13 mil millones de pesos para elección judicial

Filiberto Cruz Monroy
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La elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces por voto popular tendrá un costo estimado de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, según la decisión tomada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta aprobación se enmarca dentro del «Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025» y se ha realizado de manera precautoria para el ejercicio fiscal 2025.

El presupuesto se distribuye de la siguiente manera: capacitación y educación de funcionarios: 50.92% del total; organización de la elección: 33.8% del total del presupuesto y soporte jurídico electoral y apoyo logístico: 4.29%. Es importante destacar que el costo de esta elección judicial supera al de la elección federal de 2024, que ascendió a 9 mil 355 millones 397 mil pesos, cuando se renovó la presidencia de la República y el Congreso de la Unión.

Este anteproyecto deberá ser aprobado por el Consejo General del INE antes de ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Cámara de Diputados recibirá el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 hasta el 15 de noviembre y tendrá hasta el 31 de diciembre para su aprobación.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, se comprometió a revisar el presupuesto para la elección judicial tras la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo consideró excesivo. Taddei aseguró que cada peso del presupuesto está justificado y respaldado por el marco jurídico correspondiente, enfatizando que no hay gastos innecesarios y que se han implementado medidas de austeridad.

A pesar de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial que serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 5 de noviembre, el INE ha señalado que aprobar el presupuesto no implica desobediencia a las acciones legales. En cambio, se ha manifestado que la aprobación es en atención a los recursos pendientes por resolver interpuestos por la ciudadanía.

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