RedacciónAgentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) mataron a tiros a un hombre este sábado en el sur de Minneapolis, según confirmó el Departamento de Policía local, en lo que constituye el tercer incidente violento que involucra a este cuerpo federal en el estado en sólo dos semanas. El hecho, ocurrido en la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet, ha reavivado la enorme tensión y las masivas protestas contra las redadas antimigratorias de la operación «Metro Surge», lanzada por la administración Trump en diciembre.
El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento en declaraciones al Minnesota Star Tribune. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende el ICE, aseguraron a medios nacionales que el hombre fallecido «iba armado con una pistola y dos cargadores». Minnesota es un estado que permite la tenencia y portación de armas de fuego con la licencia correspondiente, lo que añade complejidad legal al incidente. Según el periódico, los agentes del ICE habrían ordenado a la policía local retirarse del lugar, pero O’Hara se negó, tomando el control de la escena, cancelando permisos y movilizando a su personal.
La respuesta inmediata en las calles no se hizo esperar. Mientras agentes estatales se dirigían al lugar, comenzaron a formarse disturbios y aglomeraciones en la zona. Testigos fueron trasladados al Edificio Whipple para declarar, y los agentes del ICE respondieron a la multitud con gases lacrimógenos para dispersarla. El Ayuntamiento de Minneapolis pidió calma a la población y recomendó evitar el área, mientras se investigan los detalles.
La reacción política fue contundente y de alto nivel. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en sus redes sociales: «Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya». Este llamado directo a la Casa Blanca refleja la escalada del conflicto entre las autoridades estatales y demócratas de Minnesota y el gobierno federal republicano.
Este tiroteo es el tercer episodio violento en una escalada que ha convulsionado al estado. El pasado 7 de enero, un agente del ICE mató a tiros a Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense, y una semana después hirió de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano. Estos incidentes han servido de catalizador para un movimiento de protesta masivo bajo el lema ‘ICE Out for Good’ (ICE fuera de una vez), que agrupa a más de un centenar de sindicatos, grupos de derechos civiles y organizaciones religiosas.
El viernes, miles de personas desafiaron una brutal ola de frío con temperaturas de -23°C para tomar las calles de Minneapolis en una huelga y protesta general convocada por el movimiento. Los organizadores exigen: la retirada inmediata del ICE de Minnesota, un proceso legal contra el agente que mató a Renée Good, el fin de la financiación federal al ICE, y una investigación independiente por violaciones constitucionales y de derechos humanos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, apoyó públicamente las movilizaciones, destacando la determinación de los manifestantes.
El telón de fondo de esta crisis es la operación «Metro Surge», lanzada en diciembre por la administración del presidente Donald Trump, quien justificó el despliegue masivo de agentes federales alegando un supuesto aumento de la criminalidad vinculada a la inmigración en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. «¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas…?», declaró Trump al anunciar la operación.
Sin embargo, las acciones del ICE, que incluyen además la controvertida detención de un niño de cinco años el mes pasado, han generado una profunda indignación y una percepción de policiamiento agresivo y desproporcionado. Los críticos argumentan que la operación, más que mejorar la seguridad, ha sembrado el terror en comunidades de inmigrantes y ha generado enfrentamientos violentos innecesarios, incluso con ciudadanos estadounidenses.
La situación plantea un enfrentamiento sin precedentes entre el estado y el gobierno federal. La negativa del jefe O’Hara a ceder el control de la escena del crimen a los agentes federales simboliza esta lucha por la jurisdicción y la autoridad. Analistas políticos ven en la crisis de Minnesota un microcosmos de las tensiones nacionales sobre inmigración, aplicación de la ley y los límites del poder federal, que podrían intensificarse en los próximos días, especialmente si la Casa Blanca decide incrementar, en lugar de reducir, su presencia en el estado.
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