RedacciónLa presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que representantes del Grupo Salinas se presentaron el jueves pasado en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su deseo de pagar la deuda fiscal de aproximadamente 51 mil millones de pesos que mantienen con el fisco mexicano. La mandataria detalló que, al expresar su voluntad de pago antes del plazo límite del viernes, el conglomerado empresarial podría acceder a un beneficio de descuento del 39% establecido en el Código Fiscal, siempre y cuando la liquidación se concrete esta misma semana.
Sheinbaum explicó que actualmente se llevan a cabo “mesas de trabajo” entre el SAT y la empresa, las cuales —aclaró— no son de “negociación”, sino para definir el alcance exacto de las disminuciones permitidas por la ley. “Ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.
El contexto legal de este posible acuerdo se remonta a una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el amparo interpuesto por el Grupo Salinas no era válido y que prevalecía la última resolución de los Tribunales Colegiados. Dicha resolución, aplicable a dos de las empresas del grupo (se presume que Electrónica y Telecomunicaciones), establece que sí pueden acceder a los beneficios y descuentos que prevé el marco fiscal para quienes regularizan su situación voluntariamente y dentro de los plazos.
“Esta misma semana quedaría resuelto, tiene que quedar resuelto”, afirmó Sheinbaum, comprometiéndose a informar al “pueblo de México” sobre el monto final del beneficio aplicado y la mecánica del pago una vez que se concrete. La presidenta evitó dar detalles sobre el procedimiento que seguiría el gobierno en caso de que el pago no se realizara, aunque afirmó que ya tienen una estrategia definida, sugiriendo que la opción de la ejecución fiscal o embargo permanece sobre la mesa.
Este desarrollo representa un punto de inflexión en uno de los conflictos fiscales más emblemáticos y mediáticos de los últimos años. El Grupo Salinas, conglomerado dueño de empresas como TV Azteca, Elektra, Banco Azteca y Totalplay, había mantenido una larga batalla legal contra el SAT, argumentando discrepancias en la interpretación de ciertas deducciones. La deuda, que incluye impuestos, recargos y actualizaciones, se había convertido en un símbolo de la lucha contra la elusión fiscal de grandes corporativos.
Si se concreta el pago con el descuento, el erario federal recibiría alrededor de 31 mil millones de pesos netos, una inyección significativa de recursos en un momento de ajustes presupuestales. Para el Grupo Salinas, significaría cerrar un capítulo de incertidumbre legal y reputacional, aunque con un desembolso cuantioso. Analistas financieros señalarían que la decisión de regularizar responde tanto a la presión legal definitiva de la Corte como a un cálculo estratégico para limpiar su estado financiero y de gobernanza ante inversionistas.
El episodio también refuerza el mensaje del gobierno actual sobre la “justicia fiscal”, demostrando que, incluso para los conglomerados más poderosos, existe un límite a los recursos legales para diferir el pago de impuestos. La rapidez con la que se podría resolver el caso, de concretarse esta semana, sería presentada por la administración como una victoria de la eficacia recaudatoria y del Estado de derecho.
Sin embargo, quedarán preguntas sobre los detalles del acuerdo y los precedentes que sienta para otros deudores fiscales grandes. La transparencia en el monto final pagado y los conceptos desglosados será crucial para evitar percepciones de un trato privilegiado. La confirmación del pago y sus términos, prometida por la propia presidenta, será la prueba definitiva de que este largo conflicto ha llegado a su fin.
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