Jair FigueroaHermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2025. — El gobierno mexicano solicitó al juez de Control Enrique Hernández Miranda que la próxima audiencia de Julio César Chávez Jr., recluido en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, se realice mediante videoconferencia y no con su traslado físico al juzgado. La medida busca evitar un posible ataque en el trayecto, donde operan distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
El exboxeador fue entregado a México el martes pasado por autoridades de Estados Unidos, donde había sido detenido a inicios de julio en Nogales por ingreso ilegal y presuntos vínculos con el narcotráfico. Tras su entrega, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera que conecta Hermosillo con Bahía de Kino.
Riesgo en el traslado
La preocupación de las autoridades surge porque el traslado del Cefereso hasta los tribunales federales implica recorrer más de 40 kilómetros por zonas donde operan grupos en pugna del Cártel de Sinaloa. Entre ellos se encuentran Los Salazar, Matasalas y La Chapiza, facciones que mantienen disputas violentas que han dejado más de 200 muertos en el último año.
En un oficio oficial dirigido al juez, la directora del penal solicitó formalmente que la audiencia programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas “se desarrolle sin traslados por seguridad” y que se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, mediante videoconferencia o en la sala habilitada para ese fin.
“El objetivo es garantizar la seguridad e integridad física del interno Julio César Chávez Jr. y del personal que lo custodia”, señala el documento.
Contexto del caso
Chávez Jr., hijo del legendario boxeador Julio César Chávez, fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos tras una pelea contra Jake Paul en Anaheim, California. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de ingresar de manera ilegal y de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existía una orden de aprehensión contra él en México desde 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. Por ello, al ser entregado a autoridades mexicanas, fue ingresado al penal de máxima seguridad en Sonora.
Temor a un ataque
El riesgo de un atentado contra el exboxeador ha sido uno de los principales motivos para que el gobierno pida evitar su traslado. Según fuentes de seguridad, la pugna entre las facciones del cártel vuelve vulnerable cualquier movimiento fuera del penal, especialmente en carreteras y zonas urbanas de Hermosillo.
Además, la exposición mediática del caso ha incrementado la atención pública, lo que refuerza la posibilidad de un ataque en contra del procesado.
Un juicio vigilado
La próxima audiencia forma parte de la causa penal 15/2023 que enfrenta Chávez Jr. en México. De acuerdo con analistas, el proceso será seguido con lupa tanto por autoridades nacionales como internacionales, pues el caso se vincula a uno de los cárteles más poderosos del país.
El uso de la videoconferencia para audiencias judiciales en casos de alto riesgo no es nuevo en México, pero su aplicación en el caso de un personaje de la fama mediática de Chávez Jr. resalta la gravedad de la situación de seguridad en el noroeste del país.
Un futuro incierto
El proceso contra Julio César Chávez Jr. apenas comienza y podría prolongarse durante meses. Mientras tanto, el gobierno federal busca reducir riesgos y mantener el control sobre un caso que combina espectáculo, crimen organizado y política de seguridad nacional.
La expectativa ahora se centra en la audiencia del 23 de agosto, que marcará un nuevo capítulo en el juicio del púgil, esta vez a distancia, con el fin de evitar que el traslado se convierta en una oportunidad para un atentado.
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