Filiberto Cruz MonroyLa fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este miércoles que el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra las autoridades de Nueva York, acusándolas de obstaculizar los esfuerzos federales para combatir la inmigración irregular.
La denuncia, que se suma a acciones similares contra Chicago e Illinois, se dirige directamente contra la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general del estado, Letitia James, y el director del Departamento de Vehículos Motorizados, Mark Schroeder. Según Bondi, la administración neoyorquina prioriza a los migrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses, algo que calificó como «inaceptable».
«Nueva York ha elegido priorizar a los migrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se acaba hoy», afirmó Bondi en conferencia de prensa. La fiscal también cuestionó una política estatal que notifica a los migrantes cuando agencias federales solicitan su información, algo que consideró inconstitucional.
El conflicto entre el gobierno federal y los llamados estados santuario se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. El republicano firmó un decreto declarando emergencia nacional en la frontera con México, argumentando que los migrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad nacional.
En su estrategia contra la inmigración irregular, Trump ha señalado a las ciudades santuario como refugios que permiten a los migrantes evadir la justicia y «vivir entre ciudadanos inocentes». Sin embargo, estudios han demostrado que la tasa de criminalidad entre inmigrantes es más baja que la de los ciudadanos estadounidenses.
A pesar de las críticas, varias ciudades y estados como California, Washington, Nueva Jersey, Oregón, Atlanta, Houston, Los Ángeles y San Francisco mantienen sus políticas de protección a los migrantes. La batalla legal apenas comienza, y todo apunta a que este será uno de los temas más controversiales del actual gobierno de Trump.