Héctor O. CarriedoLa manifestación del reciente 4 de julio en las colonias Roma y Condesa, contra la gentrificación, fue convocada por colectivos vecinales y ciudadanos para protestar contra el fenómeno que ha incrementado en demasía los costos de las rentas de vivienda y desplazado a residentes antiguos, sobre todo en las colonias Roma, Condesa y Juárez ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los reportes indican que la marcha comenzó pacíficamente, pero un grupo reducido de encapuchados, algunos portando banderas palestinas, fue responsable de los actos vandálicos y de saqueo en algunos establecimientos comerciales. Esto sugiere la posibilidad de que pequeños grupos radicales, no necesariamente ligados a la alcaldesa o al gobierno de la ciudad (como lo han denunciado algunas voces aisladas), aprovecharon la protesta para generar disturbios.
Se llegó al absurdo de especular que el vandalismo fue promovido por el gobierno de Morena para enviar un mensaje político a EU, aprovechando la fecha del 4 de julio. Sin ninguna prueba o evidencia, se dijo que servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) estuvieron involucrados y que la falta de intervención policial permitió los disturbios. La falta de intervención policial podría deberse a la subestimación de la situación, pero no hay pruebas de que fuera una instrucción deliberada para permitir el desorden.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó que «grupos de choque» pagados participaron en la marcha con el objetivo de desestabilizar la zona, aunque no mencionó nombres de los probables patrocinadores o poderes fácticos. Cuestionó los motivos de los ataques a la sede de la alcaldía, sugiriendo que podrían estar relacionados con intereses políticos opuestos a su gestión.
Tanto Clara Brugada como César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, condenaron la violencia y las expresiones xenófobas durante la marcha, y reconocieron las legítimas preocupaciones por la gentrificación. La jefa del Gobierno de la Ciudad anunció asambleas públicas para abordar el problema, lo que implica acciones de diálogo y eludir la confrontación.
La gentrificación es un problema real y la manifestación fue una expresión genuina de descontento ciudadano, pero fue infiltrada por pequeños grupos radicales anónimos con agendas propias. Las acusaciones de patrocinio político reflejan la polarización mediática y en las redes sociales, pero carecen de sustento.
Sin embargo, frente a la acción repetida de estos grupos de choque, infiltrados en forma sistemática y recurrente en manifestaciones ciudadanas orgánicas y auténticas, se requieren mejores acciones de inteligencia y contención por parte del gobierno de la CDMX para evitar el vandalismo y la violencia con fines de propaganda política de grupos de interés o poderes fácticos.
El debate de fondo es la evolución e impacto que ha tenido en la convivencia urbana el fenómeno de la gentrificación y, sobre todo, cómo puede ser regulado con acciones de gobierno y política pública. El fenómeno de la gentrificación en la CDMX ha sido ampliamente discutido en los últimos años, tanto en el ámbito académico como en el político, económico y social. Veamos.
La gentrificación es un fenómeno presente, sobre todo en grandes urbes del mundo, que puede entenderse como el proceso de transformación urbana que revitaliza y revaloriza colonias y barrios céntricos mediante la llegada de población con mayor poder adquisitivo, al tiempo que desplaza a residentes originales, modifica o altera la estructura social, cultural y económica de la zona, y provoca el aumento de precios de vivienda, la mercantilización de espacios públicos, la exclusión social de población vulnerable y la pérdida de identidad barrial.
En defensa de la gentrificación hay puntos de vista estrictamente de mercado, de corte neoliberal-individualista y utilitario, destacando que este proceso también viene acompañado de la mejora de las condiciones funcionales y estéticas del espacio urbano y habitacional, haciéndolos más atractivos para residentes, turistas, nómadas digitales y visitantes de ingresos altos, ya que impulsa la rehabilitación de barrios deteriorados, la remodelación de viviendas antiguas, así como la recuperación y embellecimiento de espacios públicos y la preservación de patrimonio arquitectónico y edificios emblemáticos e históricos.
Este proceso fortalece la economía de la zona, con la llegada de población con mayor poder adquisitivo y los llamados nómadas digitales, lo que propicia el aumento de la demanda de bienes y servicios, la creación de nuevos negocios, comercios y empleos, en giros como restaurantes de lujo, cafeterías y boutiques, incidiendo en una mayor recaudación fiscal, tanto por el mayor consumo como por el alza en el valor de las propiedades.
Según esta óptica de mercado, la gentrificación atrae inversiones en infraestructura y mejores servicios públicos de transporte y áreas recreativas, y beneficia lo mismo a nuevos que a antiguos residentes, ya que la modernización de barrios y colonias atrae turismo nacional e internacional, genera divisas y visibilidad para la ciudad. Finalmente, al redensificar y revitalizar zonas céntricas, se optimiza el uso de edificios vacantes y áreas urbanas que habían sido total o parcialmente abandonadas.
No obstante ello, la gentrificación también trae consigo impactos indeseables, como el desplazamiento de población y la mercantilización del espacio público al dar prioridad a intereses privados y restringir el acceso a espacios públicos, provocando resistencia vecinal.
En colonias como Roma, Condesa, Polanco, Xoco, San Pedro de los Pinos y el Centro Histórico, el aumento exorbitante en los precios de renta en el lapso 2021-2024 ha llegado a expulsar a residentes de más bajos ingresos hacia colonias periféricas con menos servicios. En adición, la llegada de establecimientos comerciales orientados a clases medias-altas, en giros como cafeterías, restaurantes de lujo y boutiques, sustituye al comercio tradicional de la zona, afectando su identidad tradicional.
Movimientos vecinales, como los de Xoco en contra el megaproyecto Mitikah o en la Colonia Juárez contra desarrollos inmobiliarios, han destacado la importancia del derecho a la ciudad como marco para exigir políticas públicas inclusivas. Estas resistencias buscan proteger el arraigo vecinal y cuestionar el modelo neoliberal de desarrollo urbano.
Lo que más lastima el interés colectivo en barrios y colonias tradicionales de la CDMX es la especulación inmobiliaria a la sombra de la corrupción, lo que ha dado lugar a la proliferación de desarrollos inmobiliarios de lujo, vinculados a prácticas corruptas de actores políticos, principalmente mediante la obtención anómala de permisos de construcción y cambios de uso de suelo. Esto detonó aún más las resistencias sociales y la emergencia del derecho a la ciudad.
El debate también incluye críticas a la narrativa de revitalización urbana que legitima la gentrificación bajo un enfoque de sostenibilidad, ignorando sus impactos excluyentes.
Diversos investigadores han propuesto enfoques metodológicos para el diseño e implementación de políticas públicas que permitan equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los derechos de los residentes originales, al tiempo que se debe promover la inclusión y el arraigo. Muchos coinciden en que es impostergable la necesidad de implementar políticas públicas que equilibren el desarrollo económico con la justicia social, priorizando el derecho a la ciudad.
El fenómeno no puede detenerse pero sí controlarse con acciones de política de regulación y primordialmente con medidas de carácter fiscal. Entre las primeras se han planteado: 1) Establecer topes de precios de alquiler basados en el ingreso promedio de cada alcaldía, ajustados por inflación, para evitar incrementos desproporcionados, y 2) Implementar una ley local de arraigo vecinal que reconozca el derecho de los residentes a permanecer en sus colonias o barrios, y evite desalojos por proyectos inmobiliarios; esta ley podría incluir incentivos fiscales para propietarios que mantengan rentas accesibles y establecer sanciones severas para desarrollos que violen normativas urbanas.
Estas dos acciones de política pública serían objeto de gran controversia, ya que se considerarían limitantes de los derechos de los particulares, propietarios y desarrolladores inmobiliarios. Debe mencionarse, con honestidad intelectual, que los controles de precios son inconvenientes porque a final de cuentas reducirían la oferta de vivienda para renta y terminarían por desincentivar la inversión privada en el sector inmobiliario a mediano y largo plazo.
También serían controversiales los impuestos progresivos a la especulación inmobiliaria, así como a las ganancias de capital derivadas de la revalorización de propiedades en zonas gentrificadas, con los cuales se quitarían incentivos a la especulación y se generarían recursos para inversión en vivienda de comunidades vulnerables.
Sí es viable regular plataformas como Airbnb, mediante licencias controladas y el establecimiento de un impuesto específico a rentas turísticas (similar al impuesto sobre hospedaje), cuyos fondos se destinarían a programas de vivienda asequible.
Corresponde a las instituciones de vivienda del Estado mexicano, como el Infonavit y el Fovissste, coadyuvar en el aumento de la construcción de vivienda asequible en zonas céntricas, como propone Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Vivienda de la CDMX, otorgando prioridad al derecho a la vivienda sobre el negocio inmobiliario. Esto incluiría programas de financiamiento directo para que los trabajadores accedan a suelo y vivienda en ubicaciones convenientes y adecuadas a sus ingresos e intereses.
Otras acciones de política pública podrían considerar la exigencia de consultas vecinales vinculantes, antes de aprobar megaproyectos o cambios de uso de suelo, con lo cual se garantizaría la participación comunitaria y se reducirían los conflictos. Asimismo, se podrían implementar planes participativos para colonias y barrios en riesgo de gentrificación, como el Centro Histórico, para equilibrar la rehabilitación urbana con la inclusión social.
Una acción de política pública básica e imprescindible es la revisión sistemática y permanente de permisos de construcción y la realización de auditorías transparentes sobre los permisos de construcción y cambios de uso de suelo, que permitan inhibir prácticas corruptas para favorecer ilegalmente a grandes desarrolladores inmobiliarios. A la vez, se podría crear un observatorio ciudadano independiente para monitorear proyectos inmobiliarios.
Para muchos urbanistas y estudiosos del tema, la pregunta central sigue siendo: ¿para quiénes es la ciudad? La respuesta implica diseñar e implementar el derecho a la ciudad con acciones de política pública que no solo mitiguen las externalidades negativas de la gentrificación, sino que promuevan una ciudad inclusiva, multicultural, generosa y equitativa, siempre abierta a la innovación y el enriquecimiento de su cultura.