Mayte BarriosEl gobierno de Veracruz, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, anunció la desaparición de la Fuerza Civil, una corporación policiaca que operaba en el estado, luego de los hechos ocurridos el 19 de junio en San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote.
La corporación, se encargaba de un desalojo carretero que terminó en la persecución de los hermanos Alberto y Jorge Cortina que fueron asesinados.
Además, el desalojo dejó un número indeterminado de heridos orquestado por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública en contra de habitantes que mantenían cerrada la carretera federal Perote-Puebla en protesta por la operación de Granjas Carrol y la contaminación de agua.
En el comunicado, la administración estatal aseguró que la corporación Fuerza Civil, formada durante el gobierno de Javier Duarte, será disuelta para establecer un mando único operativo desde la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
«Esta medida será llevada a cabo en los tiempos que no interfieran en las investigaciones que las fiscalías realizan actualmente», señaló el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
El documento aclara que los derechos de los elementos policiacos y garantías laborales del personal administrativo serán preservados.
La medida fue anunciada casi a la media noche sin que haya policías presentados o detenidos oficialmente por el violento operativo para liberar la carretera Perote-Puebla, la cual estaba en manos de pobladores que denunciaban contaminación de la industria porcina.
Respecto a la empresa Granjas Carrol, denunciada por los habitantes de la región, la Segob informó que el pasado 1 de marzo de 2023 fue dictada una resolución administrativa por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente, por incumplimientos en materia ambiental.
Además de la disolución de la corporación, el gobierno estatal anunció que gestionará la intervención de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y de la Semarnat, para que inspeccionen la granja porcina con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad de competencia federal.