Jair FigueroaUn juez federal en Nuevo León suspendió de manera indefinida la orden de aprehensión girada contra Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, al concederle una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República ejecutar su captura mientras se resuelve un juicio de amparo. La medida fue dictada tras la revocación del criterio de oportunidad que la FGR había otorgado previamente al empresario, vinculado a una investigación por presunta participación en una red de tráfico de combustible, armas y drogas.
La resolución fue emitida por el juez Primero de Distrito en materia Penal en Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso, quien ordenó que la situación jurídica de Rocha Cantú permanezca sin cambios hasta que se resuelva el fondo del amparo, cuya audiencia constitucional está programada para el próximo 26 de enero.
Suspensión definitiva frena acción penal
De acuerdo con los estrados judiciales, el juez determinó que la suspensión definitiva tiene como objetivo preservar el estado de las cosas previo a que la FGR solicitara la revocación del criterio de oportunidad que mantenía al empresario en calidad de testigo colaborador.
La medida judicial impide expresamente que la Fiscalía ejecute o produzca efectos derivados del acuerdo mediante el cual se dejó sin efecto dicho beneficio legal, mismo que había sido otorgado durante la gestión del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.
¿Qué implica la suspensión definitiva?
La resolución obliga a la FGR a seguir considerando a Rocha Cantú como testigo colaborador, al menos de manera provisional, y le impide ejecutar la orden de aprehensión obtenida el 15 de diciembre de 2025. En términos prácticos, esto significa que el empresario no puede ser detenido mientras el juicio de amparo siga en curso.
El criterio de oportunidad bajo revisión judicial
El criterio de oportunidad es una figura jurídica que permite a la Fiscalía abstenerse de ejercer acción penal contra una persona imputada, siempre que esta colabore de forma sustancial en una investigación. En este caso, Rocha Cantú habría accedido a dicha figura en el marco de una investigación federal de alto impacto.
Sin embargo, tras la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, la institución determinó revocar el beneficio al considerar que el empresario habría incumplido con los compromisos asumidos.
La postura del juez federal
En su resolución, el juez Melo Cardoso señaló que la suspensión definitiva se concede para evitar efectos irreparables mientras se analiza la legalidad de la revocación del criterio de oportunidad. El juzgador subrayó que la finalidad es garantizar que el proceso se resuelva conforme a derecho y sin afectar de manera anticipada la situación jurídica del quejoso.
FGR aún puede impugnar la decisión
Aunque la suspensión definitiva ya fue concedida, la Fiscalía General de la República tiene la posibilidad de impugnarla mediante un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el cual podría confirmar, modificar o revocar la medida.
No obstante, incluso si la FGR presenta dicho recurso, el juez no está impedido para dictar sentencia en el juicio de amparo durante la audiencia constitucional programada para el 26 de enero.
Un caso de alto perfil público
La relevancia del caso no solo radica en la investigación penal, sino también en el perfil público de Rocha Cantú como copropietario del certamen Miss Universo, lo que ha generado atención mediática y debate sobre la aplicación del criterio de oportunidad en investigaciones de delincuencia organizada.
Especialistas en derecho penal señalan que este tipo de resoluciones evidencian la tensión entre las facultades de la Fiscalía y el control judicial sobre decisiones que impactan derechos fundamentales, como la libertad personal.
Lo que sigue en el proceso legal
En las próximas semanas, el juez deberá analizar si la revocación del criterio de oportunidad fue legal y debidamente fundada. De confirmarse la suspensión en la sentencia de amparo, la FGR estaría obligada a mantener el estatus de testigo colaborador. En caso contrario, podría reactivarse la orden de aprehensión.
El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la Fiscalía para retirar beneficios legales previamente concedidos.
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