Fiscalía de Venezuela pide detener al candidato opositor Edmundo González

Filiberto Cruz Monroy
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La Fiscalía General de Venezuela ha solicitado este 2 de septiembre de 2024 una orden de captura contra Edmundo González, un ex candidato opositor que ha sido acusado de «usurpación de funciones» tras no presentarse a tres citaciones en el Ministerio Público. La solicitud de arresto, dirigida a un tribunal especializado en terrorismo, incluye cargos graves como «desobediencia de leyes», «conspiración», y «sabotaje», todos vinculados a la reciente controversia electoral.

El Ministerio Público compartió en sus redes sociales la solicitud formal de aprehensión contra González Urrutia, quien ha sido llamado a declarar sobre la publicación de datos electorales en un sitio web, una acción que las autoridades consideran ilegal. La ausencia del ex candidato en las citaciones, la última de las cuales coincidió con un apagón nacional el 30 de agosto, ha intensificado las acusaciones en su contra.

González Urrutia, de 75 años, ha estado en la clandestinidad desde el 30 de julio, alegando que el proceso en su contra está viciado y que el Ministerio Público actúa como un “acusador político”. En su opinión, el proceso carece de garantías de independencia y debido proceso, elementos que considera fundamentales para un juicio justo.

Las citaciones a González están relacionadas con la publicación de más del 80% de las actas de votación en un sitio web de la oposición. Según la oposición, estos documentos demuestran la victoria de González en las elecciones del 28 de julio y el presunto fraude a favor de Nicolás Maduro. Sin embargo, el chavismo desestimó estos documentos, y la corte suprema validó el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro vencedor con el 52% de los votos.

El conflicto sobre el resultado de las elecciones, que reafirmó a Maduro en la presidencia, ha desencadenado una serie de reacciones internacionales pidiendo la publicación completa de los votos y ha generado protestas tanto dentro como fuera del país. Además, ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas severas contra líderes opositores y periodistas, intensificando aún más la crisis política en Venezuela.

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