La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado varias carpetas de investigación contra jueces y magistrados, acusándolos de posible abuso de autoridad relacionado con las suspensiones otorgadas contra la reciente reforma judicial. Estas acciones legales surgen a raíz de denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, generando un ambiente de tensión en el sistema judicial.
Según fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, la FGR ha solicitado a los jueces copias de los expedientes sobre las suspensiones a través de correos electrónicos notificando la investigación en curso. Los implicados consideran que estas medidas son una forma de coacción, típicas de regímenes autoritarios, destinadas a presionarlos para que tomen decisiones que se alineen con los intereses del gobierno.
El sistema judicial enfrenta una presión considerable para revertir estas suspensiones, utilizando tanto vías penales como administrativas. Sin embargo, para que se pueda llevar a cabo una consignación penal contra un juez, es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, ya que los jueces cuentan con fuero orgánico, lo que complica la acción legal sin la debida declaración de responsabilidad administrativa.
Además, se ha informado que los jueces afectados han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas, con el objetivo de que se intervenga y se proteja la independencia judicial en México. Durante una conferencia de prensa el 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció que el gobierno federal presentará denuncias ante el CJF contra aquellos jueces que hayan otorgado amparos contra la reforma judicial.
Se estima que hay más de 170 suspensiones en total, y algunos jueces podrían haber emitido múltiples suspensiones, lo que sugiere que entre 20 y 30 jueces podrían estar involucrados en estas investigaciones. Esta situación resalta la necesidad urgente de proteger la independencia del sistema judicial en el país.
