Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ofreció detalles en relación al caso de Teuchitlán, Jalisco. Adelantó que la dependencia a su cargo ha solicitado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, información clave, ya que los peritajes sobre los restos humanos encontrados en el Rancho Izaguirre presentan serias deficiencias.
Entre las principales omisiones, destacó la falta de una inspección exhaustiva del lugar, la ausencia de un dictamen definitivo sobre la autenticidad y antigüedad de los restos y el deficiente rastreo de evidencias. Además, la fiscalía estatal no procesó correctamente los testimonios de víctimas, lo que ha retrasado el esclarecimiento del caso.
Gertz Manero enfatizó que, aunque se han encontrado restos humanos y osamentas, estos aún no están definidos para establecer un peritaje concluyente. «Seis meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco no cuentan con un dictamen definitivo», denunció.
Asimismo, reveló que identificaciones encontradas en el sitio corresponden a miembros de grupos criminales detenidos en otras entidades. «Dejaban sus ropas para uniformarse», señaló.
También afirmó que la FGR investigará a quienes hayan cometido omisiones en el proceso y trabajará en la creación de una base de datos de los indicios hallados.
Mencionó que aún no se ha determinado quién es el propietario del Rancho Izaguirre debido a fallas en la investigación local. Sin embargo, aseguró que la FGR indagará hasta esclarecer este punto, ya que existe la posibilidad de que el terreno sea ejidal.
Finalmente adelantó que mañana se abrirán las instalaciones de Teuchitlán para que los representantes de medios de comunciación puedan acudir.
Prospectiva:
El caso de Teuchitlán tiene el potencial de derivar en cambios significativos en la investigación forense y en la relación entre instancias estatales y federales en la procuración de justicia. En el corto plazo, se esperan acciones correctivas en los peritajes, posibles sanciones por negligencia y una mayor presión mediática. A largo plazo, este caso podría contribuir a una reforma estructural en los procesos de identificación de restos humanos y el manejo de investigaciones en fosas clandestinas.
