Héctor O. CarriedoLos antecedentes del Estado de bienestar se ubican en los países industrializados de Europa en las postrimerías del siglo diecinueve, cuando por temor al comunismo y como efecto de las luchas obreras, se estableció el primer sistema de seguridad social por el gobierno conservador de Alemania, presidido por Otto Von Bismark, dando cobertura a todos los trabajadores asalariados de las industrias. Dicho sistema se creó en tres etapas: 1) seguro de enfermedad (1883); 2) seguro de accidentes,1884, y 3) seguro de invalidez y vejez, 1889 (OIT, 1970).
En la Europa industrial, durante las primeras dos décadas del siglo veinte, las contradicciones entre los movimientos obreros y los gobiernos conservadores dieron lugar al surgimiento del fascismo, como forma de gobierno autoritaria y represiva para contener el avance del comunismo. Al mismo tiempo, surge la democracia social, corriente moderada (escindida de la izquierda comunista radical) que postula el Estado social e interventor, en contraposición al Estado corporativista fascista, y preconiza la igualdad, el bienestar colectivo y la protección social como valores supremos, se opone también al individualismo liberal y el Estado mínimo.
En 1942, en el Reino Unido, el temor al fascismo y al comunismo trajo consigo el acuerdo entre laboristas y conservadores para instituir las medidas recomendadas en el célebre Informe Berveridge (1942), elaborado por el economista normativo y funcionario público inglés William Beveridge (1879-1963). Proponía incrementar el ingreso mínimo de los pobres y su seguridad sin que esto implicara una disminución de los ingresos de las clases altas, manteniendo la misma estructura social con una moderada intervención del Estado.
El referido Informe postula el derecho universal a ingresos que garanticen la satisfacción de las necesidades, desde la cuna hasta la tumba. Plantea que la condición de pobreza o necesidad se deriva de las siguientes causas: interrupción o pérdida de la posibilidad de obtener un ingreso ya sea por desocupación, enfermedad, accidente, vejez o falta de aptitud; ingresos insuficientes para atender necesidades de familias numerosas y, finalmente, la muerte de la persona que sostiene económicamente a una familia. En el Reino Unido se decretó establecer una renta mínima universal, la universalización del seguro social y su extensión a todos los riesgos y contingencias. De aquí surgió el modelo británico del Welfare State.
El paradigma sueco surgido de la socialdemocracia europea, y junto con él el de los demás países escandinavos, concibe el Estado de bienestar como un medio para alcanzar el socialismo democrático, con las siguientes características:
- Igualdad, equidad e inclusión.
- Protección y seguridad social universal.
- Búsqueda del pleno empleo.
- Preservación de la propiedad privada.
- Libertad económica y de mercado.
- Control social de las inversiones.
- Libertad de iniciativa para el progreso económico.
En la actualidad, en el estudio de los fenómenos de pobreza, desigualdad y exclusión, se acepta que el término básico representa lo elemental para sobrevivir, en tanto que esencial connota lo necesario para desarrollar capacidades. Por pobreza se puede entender la precariedad y conjunto de carencias de satisfactores no solo básicos sino esencialespara la resolución de las necesidades humanas y una vida digna.
La inequidad tiene que ver con diferencias entre grupos o individuos que se consideran injustas y evitables, como el trato privilegiado donde los minoritarios grupos más influyentes (las élites) obtienen mucho, y los relegados y excluidos (las mayorías) reciben muy poco.
Por su parte, la desigualdad, en oposición al darwinismo social del sociólogo decimonónico conservador Herbert Spencer (1820-1903) y sus seguidores como el economista William Graham Summer (1840-1910) que la consideran “natural”, se concibe como el acceso inequitativo a recursos y satisfactores donde generalmente los más débiles y vulnerables reciben pocos bienes, y una minoría social influyente concentra en exceso rentas, riqueza y privilegios.
La inequidad se considera indeseable y remediable, desde la óptica de la Economía Normativa. Es decir, con voluntades de gobierno para ejecutar políticas sociales activas, afirmativas, universales y verdaderamente transversales (en todos los sectores sociales y en todas las regiones) es posible remediar la inequidad y evitar el aumento de la brecha de desigualdad.
Un referente fundamental de la Economía Normativa es sin duda Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998 por su innovador enfoque de la pobreza, hambrunas y la economía del bienestar. Entre su prolífica obra cabe referir: Pobreza y hambrunas (1981); Sobre Ética y Economía (1987), y Desarrollo y Libertad (1999). Sen sostiene que, no obstante que la opulencia mundial ha tenido un aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo niega libertades básicas a un gran número de personas, que constituyen la mayoría.
Amartya Sen (1999) considera que las “carencias” o “necesidades” no pueden ser definidas universalmente, ya que “la pobreza es un concepto demasiado relativo y específico a una cultura para que tenga una aceptación a nivel universal”.
Propone satisfacer el hambre y otorgar a los que menos tienen un nivel de nutrición suficiente, remediar enfermedades tratables, llevarles agua limpia y servicios de saneamiento, junto con servicios de salud, educación e instituciones eficaces para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden locales.
Sen es uno de los principales impulsores de cambios en los índices de desarrollo humano y el PIB. Ha sostenido que la pobreza no debe medirse por el nivel de ingresos que se perciben, sino mediante la estimación de lo que cada persona puede lograr con sus propios ingresos para realizarse, teniendo en cuenta que esos logros varían según cada individuo y el entorno donde habita. Para Sen la calidad de vida se debe medir en términos de los niveles de longevidad, mortalidad infantil, salud, educación y seguridad que proporciona a un individuo un territorio.
El economista francés Thomas Piketty (El capital en el siglo veintiuno, 2014), un estudioso erudito de la desigualdad, apunta lo siguiente en relación con el Estado social:
La redistribución moderna y, en particular, el Estado social edificado en los países ricos a lo largo del siglo XX se construyó en torno a un conjunto de derechos sociales fundamentales: los derechos a la educación, la salud y la jubilación. Cualesquiera que sean las limitaciones y los retos a que se enfrentan hoy en día esos sistemas de ingresos y gastos, representan un inmenso progreso histórico. Más allá de los conflictos electorales y del juego político partidario, esos sistemas sociales son objeto de un consenso muy amplio, sobre todo en Europa, donde predomina un muy fuerte apego a lo que se percibe como un “modelo social europeo” (p. 531).
Piketty afirma que en la actualidad no existe ninguna corriente intelectual significativa que apoye el regreso a un mundo con una tasa de recaudación de 10 o 20% del ingreso nacional (en México es de 17%), donde el Estado sea mínimo. Tampoco se preconiza la idea de la expansión del Estado social en los niveles en que lo hizo en el lapso 1930-1980, ya que ello llevaría a aumentar la tasa de recaudación a 70 u 80% del ingreso nacional de aquí al año 2050.
Joseph E. Stiglitz (1% tiene lo que el 99% necesita, 2012), Premio Nobel de Economía 2001, escribe en relación con la distribución social del ingreso y la riqueza nacional:
La Política es el campo de batalla para las disputas sobre cómo se reparte la riqueza nacional y esa batalla la ha venido ganando el uno por ciento de la población más rica… 1 por ciento más alto dispone de las mejores casas, de la mejor educación, de los mejores médicos y del mejor estilo de vida, pero hay una cosa que a lo mejor el dinero no ha podido comprar: la constatación de que su destino está ligado a cómo vive el 99 por ciento restante. Se trata de una lección que, a lo largo de la historia, el 1 por ciento acaba aprendiendo. Sin embargo, a menudo, lo aprende demasiado tarde (p. 355).
Stiglitz se pronuncia por una visión en la cual la diferencia entre ricos y pobres se reduzca y prevalezca un compromiso común con la igualdad de oportunidades y la equidad, donde las palabras libertad y justicia para todos realmente se conviertan en hechos y se hagan valer los derechos económicos, no solo el derecho de propiedad, sino los derechos económicos de las personas corrientes:
En esa visión, el bienestar de nuestros ciudadanos, e incluso nuestro crecimiento económico, sobre todo si se mide de la manera adecuada, será mucho mayor del que podemos lograr si nuestra sociedad sigue estando profundamente dividida (p. 356).
Estas consideraciones relevantes nos llevan a reflexionar que, en México, la economía moral y el humanismo mexicano son consecuentes con la economía del bienestar. Si bien la implementación de los programas de bienestar en el sexenio 2018-2024 ha tenido un impacto positivo en la disminución de los niveles de pobreza y en una reducción marginal de la brecha de desigualdad, también es necesario considerar las condiciones para la sostenibilidad fiscal del Estado de bienestar en las décadas por venir. Veamos.
Por el nivel de su recaudación de impuestos como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) México se ubica en el último lugar, entre 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En contraste, naciones líderes en desarrollo humano, como Francia, Dinamarca y Suecia, registran los mayores ingresos fiscales como porcentaje del PIB. Francia 46.2% de su PIB, Dinamarca 46 % y Suecia, 44%; mientras que el promedio de los países de la OCDE se ubica en 34%, el de México (17%) representa solo la mitad de ese promedio.
Los países líderes en muchos aspectos del bienestar, la inclusión y el desarrollo humano son los que más recaudan impuestos sobre la renta y el consumo: Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Reino Unido y España.
Está demostrado por la experiencia de estos países, que la generación de más ingresos fiscales y el aumento de la inversión pública en salud y educación de calidad son condiciones necesarias para el crecimiento económico con bienestar, justicia y equidad, con un impacto real en la elevación y mejora sostenida de los estándares en materia de nutrición, salud, educación y capacitación laboral, factores que constituyen verdaderos igualadores de la estructura social de cualquier país. En suma, en las naciones con los mejores niveles de bienestar la inversión en salud, educación y capacitación laboral es elevada gracias a sus niveles relativamente altos de recaudación de ingresos fiscales y a la honestidad, calidad y transparencia del manejo del gasto público en dichos rubros vitales.
Cabe afirmar que no solo es indeseable sino también insostenible convertir a nuestro país en un paraíso fiscal de escasa o muy baja tributación, habida cuenta de que se deben atender y satisfacer los derechos sociales constitucionales y las demandas en aumento en regiones rezagadas y sectores vulnerables y excluidos, en particular en materia de salud y educación, que constituyen dos bastiones de la igualdad y el bienestar.
Durante cuatro décadas, 1983-2018, además de la corrupción sistémica y el mal manejo del siempre escaso gasto público, en México no se invirtió lo suficiente para impulsar y consolidar un sistema de servicios de salud pública de calidad óptima, ni en el fortalecimiento y mejora efectiva de los planteles educativos de sostenimiento público. En esta hora de la historia esa batalla por el reparto del presupuesto público ha ido favoreciendo gradualmente a las mayorías población, principalmente por la vía de los programas sociales y la recuperación de grandes adeudos fiscales de los sectores empresariales corporativos de muy altos ingresos.
Sin embargo, hacia el futuro, la política fiscal de México enfrenta el desafío de aumentar la recaudación de manera gradual pero progresiva y acorde con el ritmo de crecimiento de la economía, y al mismo tiempo mejorar el manejo honesto, eficiente y transparente del gasto público, como medios para lograr los fines de bienestar y justicia distributiva del Estado mexicano.
La eficiencia económica y las utilidades empresariales, normativamente, no deben estar por encima de las necesidades básicas de bienestar de la población y sus dimensiones históricas, sociales, culturales, ambientales y espirituales. La economía empresarial no es el fin, sino el medio para la libertad y el bienestar de las personas.
El fin es la transformación de la sociedad expoliada, en una sociedad democrática, libre del dominio de oligarcas insensibles sin escrúpulos, fraterna y más igualitaria, donde imperen la justicia distributiva, en equilibrio con la naturaleza y la espiritualidad de los pueblos. Mientras el pueblo y el Estado mexicano avancen en esta misma dirección hacia la utopía, estaremos y andaremos en la ruta adecuada en pos de la visión correcta, amplia y positiva.