RedacciónEl Vicealmirante Manuel Roberto Farías, alto mando de la Secretaría de Marina (Semar) actualmente encarcelado en el CEFERESO No. 1 “Altiplano” por su presunta vinculación con el robo de hidrocarburos (huachicol), envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que denuncia una “fabricación de culpabilidad”, un proceso penal viciado y politizado, la negativa sistemática al acceso a la investigación y su baja irregular de la Marina antes de que concluyera su juicio. En la misiva, fechada desde prisión, el militar con 33 años de servicio solicita la revisión presidencial del caso y su intervención para que “se haga justicia” y no se “fabriquen culpables”.
Farías, quien fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), está acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. En su carta, dirigida directamente a la presidenta, alega que su defensa ha sido imposibilitada por un trato previo de culpabilidad por parte de la Fiscalía, instancias judiciales y la propia Semar, la cual lo dio de baja “de manera ilegal” el 18 de diciembre de 2025, mientras el proceso legal aún estaba en curso.
“Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada”, escribe el vicealmirante. Señala que su baja administrativa anticipada es una prueba de la “mala actuación” en su contra, ya que le cortó sus derechos y prestaciones sociales, obligándolo a interponer un recurso legal para defenderlos. Esta acción, según Farías, refleja un intento institucional por terminar con su carrera profesional antes de un veredicto judicial.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la obstrucción al derecho a una defensa adecuada. Farías asegura que desde el 10 de noviembre de 2025 ha solicitado a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria y diversos actos de investigación, peticiones que, “a la fecha no se me ha facilitado nada”. Esta falta de acceso a las pruebas, argumenta, es vital para demostrar su inocencia y contrarrestar las imputaciones, las cuales considera fabricadas.
La carta detalla anomalías específicas en la carpeta de investigación (5608/2025), afirmando que el caso se inició a partir de “un video de YouTube que no existe”, y que a partir de ahí se forzó “una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones” que han servido para mantenerlo en prisión preventiva. Este relato pinta un panorama de una investigación construida sobre cimientos frágiles o falsos, motivada, en su opinión, más por un “ánimo de venganza que de justicia”.
El llamado de auxilio a Sheinbaum no es el primero; el vicealmirante indica que ya le había escrito con anterioridad, recibiendo respuestas genéricas sobre la existencia de “mecanismos para cada situación”. La insistencia en acudir a la máxima autoridad ejecutiva subraya su percepción de haber agotado las vías ordinarias y de estar atrapado en un laberinto institucional donde la presunción de inocencia ha sido suplantada por una presunción de culpabilidad facilitada por su propio cuerpo castrense.
Este caso pone una lupa inquietante sobre los procesos de justicia dentro de las fuerzas armadas y su interacción con el sistema penal civil. La baja administrativa expedita de un vicealmirante en activo y bajo proceso, sin esperar una sentencia firme, es un acto de severidad disciplinaria inusual que algunos expertos podrían interpretar como un intento de la Marina de “lavarse las manos” o de aislar y castigar públicamente a uno de los suyos antes de un fallo judicial, quizás para proteger la imagen institucional ante un escándalo de corrupción de alto nivel.
La petición de intervención presidencial coloca a Claudia Sheinbaum en una encrucijada delicada. Por un lado, intervenir directamente en un caso judicial en curso podría ser visto como una injerencias en la autonomía de la Fiscalía y el Poder Judicial. Por otro, ignorar una denuncia tan grave de un militar de alto rango, que alega violaciones procesales y fabricación de pruebas, podría interpretarse como indiferencia ante posibles abusos. La respuesta (o falta de ella) de la Presidencia será un termómetro de su postura frente a denuncias de opacidad en casos de corrupción de Estado.
Más allá del caso individual, la carta de Farías revive el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos contra exfuncionarios y militares acusados de colusión con el crimen organizado. Si sus alegatos tienen fundamento, podrían cuestionar la solidez de otros casos emblemáticos. Si, por el contrario, la carta es una estrategia de defensa de un culpable, ejemplifica la complejidad de judicializar la corrupción de alto nivel en un sistema donde los acusados aún tienen recursos y voz para confrontar al Estado.
La justicia mexicana y la opinión pública están ahora ante un dilema: ¿Se enfrenta el vicealmirante a una farsa judicial orquestada, o es esta una narrativa elaborada para evadir la responsabilidad por un delito grave que socava la seguridad energética del país? La revisión que pide, independiente y meticulosa, no sólo decidirá el futuro de Manuel Roberto Farías, sino que podría enviar un mensaje crucial sobre la integridad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción desde dentro.
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