Jair FigueroaEl SAT y la vigilancia digital: una nueva era de fiscalización
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría obtener acceso en tiempo real a los sistemas y registros de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Mercado Libre o Tinder, de acuerdo con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) incluida en el Paquete Económico 2026.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca reforzar la fiscalización en el entorno digital, permitiendo al SAT “verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales” de las empresas tecnológicas que operan en México. Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte controversia por el posible impacto sobre la privacidad y los datos personales de millones de usuarios.
La medida sería aprobada en las próximas semanas junto con la Ley de Ingresos 2026, lo que marcaría un precedente en la relación entre el gobierno mexicano y las plataformas globales de internet.
Acceso en tiempo real: el artículo 30-B del CFF
El dictamen propone crear el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que obligaría a las empresas que ofrecen servicios digitales a permitir el acceso en línea y en tiempo real de las autoridades fiscales a su información operativa.
Según la SHCP, el objetivo es cerrar brechas fiscales y combatir la evasión de impuestos en servicios digitales de streaming, comercio electrónico, intermediación entre terceros, clubes en línea y aplicaciones de citas.
No obstante, la redacción inicial del artículo no establecía límites claros sobre el tipo de información a la que el SAT podría acceder, generando temores sobre una intromisión en datos personales o comunicaciones privadas.
Diputados buscan acotar la vigilancia
Ante las críticas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados propuso ajustar el texto para limitar el acceso del SAT únicamente a información fiscal.
El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión, señaló que el Congreso busca “un marco fiscal eficaz, justo y transparente” sin vulnerar derechos fundamentales.
Aun así, el proyecto mantiene la posibilidad de bloquear temporalmente las plataformas digitales que se nieguen a cooperar con las autoridades fiscales.
Preocupaciones del sector tecnológico
Diversas organizaciones y empresas del sector digital han manifestado su inconformidad con la medida. La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) advirtió que la propuesta daría a la autoridad fiscal “acceso directo, permanente y en tiempo real a todas las operaciones de las plataformas digitales”, lo que podría afectar la privacidad y seguridad de los usuarios.
También la Cámara Nacional de la Industria Electrónica (Canieti) y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señalaron que el artículo 30-B representa un riesgo para la inversión tecnológica y la confianza digital en México.
Expertos alertan sobre una “vigilancia fiscal excesiva”
Especialistas en derecho digital y protección de datos consideran que la iniciativa, aunque busca fortalecer la recaudación, podría abrir la puerta a una vigilancia fiscal desproporcionada.
Según el abogado y consultor en privacidad digital Ricardo Téllez, “la falta de límites claros entre la información fiscal y la personal deja a los usuarios vulnerables. No hay certeza sobre qué datos podrían ser revisados, ni sobre cómo se garantizará su confidencialidad”.
El SAT argumenta que solo tendría acceso a información de carácter fiscal, como montos de facturación o movimientos contables, sin intervenir en mensajes, historiales de búsqueda o ubicaciones. Sin embargo, la línea entre la fiscalización y la privacidad digital sigue siendo difusa.
Impacto sobre usuarios y plataformas
La preocupación ciudadana también se ha hecho visible en redes sociales. La periodista Laura Brugés escribió en su cuenta de X:
“¿Qué onda con esto? Quieren tener acceso a lo que compramos y hasta con quién ligamos en Tinder o Bumble.”
Usuarios y defensores de derechos digitales temen que la medida pueda sentar un precedente para una vigilancia más amplia del comportamiento digital de la población.
Por su parte, las plataformas afectadas no han emitido posturas oficiales, aunque fuentes de la industria indican que están en conversaciones con autoridades mexicanas para definir los alcances técnicos y legales del acceso solicitado por el SAT.
Entre recaudación y derechos digitales
La discusión sobre el artículo 30-B refleja una tensión creciente entre los objetivos de recaudación fiscal del Estado y la protección de la privacidad digital de los ciudadanos.
De aprobarse en su forma actual, México se convertiría en uno de los primeros países de América Latina en establecer un sistema de fiscalización digital en tiempo real, una medida que podría servir como modelo —o advertencia— para otros gobiernos de la región.
Por ahora, el Congreso debe decidir si el equilibrio entre transparencia fiscal y derechos digitales puede mantenerse en una era donde la información es el nuevo capital.
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