El poder detrás de Juchitán: cuando las redes se entrelazan

Hay historias que no se explican únicamente por una detención. El caso de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, obliga a mirar alrededor: a las relaciones personales, los cargos públicos, las instituciones y las estructuras que pueden terminar conectadas cuando quienes ocupan posiciones de poder mantienen vínculos construidos durante años.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, fue detenido el 23 de septiembre junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones citadas en el material señalan al presidente municipal por presuntamente participar, fomentar y encubrir actividades de Los Cromos, célula identificada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

El señalamiento es particularmente relevante por las funciones que, según esas investigaciones, habría desempeñado Sánchez Altamirano. Se le atribuye haber utilizado infraestructura municipal para brindar cobertura política y económica al grupo, facilitar el acceso a cámaras del C2 y alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad. También se le señala por el control del cobro de piso y por la compra de armas y el control de casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes.

Pero el caso no termina en el alcalde.

Uno de los vínculos que adquiere relevancia es el de Emilio Montero Pérez, amigo de la infancia y “padrino político” de Miguel Sánchez. Antes de encabezar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Montero Pérez fue presidente municipal de Juchitán y Sánchez Altamirano se desempeñó como su suplente.

Después, con la llegada de Salomón Jara Cruz al gobierno estatal, Montero Pérez pasó a encabezar el IEEPO. Su renuncia ocurrió después de que se revelara que varios funcionarios y regidores del Ayuntamiento de Juchitán aparecían en la nómina de la dependencia, algunos con ingresos superiores a 18 mil pesos mensuales.

Ahí aparece otra dimensión del caso: la conexión entre las personas que ocupan cargos municipales y las estructuras de la administración estatal.

El caso se vuelve todavía más complejo porque Mariano Rosado López, exsecretario municipal, tiene una orden de aprehensión por los mismos delitos atribuidos al alcalde y, según el material, se encuentra prófugo. Su vivienda fue cateada el pasado miércoles.

Mientras tanto, las instituciones tomaron medidas sobre el municipio. El Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, electo para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Posteriormente, Salomón Jara Cruz designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal.

La seguridad pública también cambió de manos. La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal quedaron a cargo de garantizar la seguridad de la población.

Es difícil mirar todos estos elementos de manera aislada.

Una detención, una orden de aprehensión, una renuncia, una revisión de armas, una desaparición de Ayuntamiento y nombres que aparecen simultáneamente en estructuras municipales y estatales forman parte de una misma historia institucional: la de un municipio donde las autoridades ahora buscan restablecer la gobernabilidad y la seguridad.

El caso de Juchitán plantea así una pregunta que va más allá de una persona: ¿qué ocurre cuando las relaciones personales y políticas se encuentran con las instituciones públicas?
La respuesta no puede construirse únicamente a partir de acusaciones. Tendrá que surgir de las investigaciones, los procedimientos judiciales y la documentación que permita establecer responsabilidades.

Lo que sí queda expuesto es la necesidad de observar cómo se construyen las redes de poder: quiénes se conocen, quiénes ocupan cargos, quiénes comparten espacios institucionales y qué ocurre cuando alguno de esos vínculos queda bajo investigación.

Juchitán se encuentra ahora frente a una ruptura institucional. El Congreso desapareció el Ayuntamiento, un comisionado asumió temporalmente la conducción municipal, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad y las investigaciones continúan para desarticular a Los Cromos y las redes de protección señaladas en la región.

La historia todavía no termina. Pero el caso ya dejó sobre la mesa una cuestión fundamental: las instituciones no existen aisladas de las personas que las integran. Y cuando los vínculos personales, políticos, administrativos y criminales aparecen dentro de una misma investigación, corresponde a las autoridades esclarecer hasta dónde llegó cada relación y qué responsabilidades, en su caso, pueden acreditarse.