Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, reconocido como uno de los principales operadores del capo Arturo Beltrán Leyva, se declaró culpable ante una corte federal de Washington por su participación en operaciones multimillonarias de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y por pagar sobornos a funcionarios mexicanos para garantizar la impunidad de sus actividades.
La declaración, firmada el pasado 5 de febrero ante la jueza Jia M. Cobb, se produce casi un año después de que fuera expulsado de México como parte de un grupo de 28 capos considerados de alto riesgo, informó el periodista Arturo Ángel en Milenio.
El acuerdo de culpabilidad fue el resultado de varios meses de negociaciones entre los fiscales federales y la defensa de López Ibarra, liderada por el abogado Frank Pérez – quien también defiende a Ismael “El Mayo” Zambada –. El documento no incluye una cláusula de cooperación con las autoridades estadounidenses para proporcionar información adicional, a diferencia de acuerdos similares como el de los hijos de “El Chapo”.

En el escrito se establece que los cargos de narcotráfico a los que se declara culpable “El Nito” ameritan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares. A cambio de su declaración y de renunciar a su derecho a un juicio y a futuras apelaciones, los fiscales se comprometieron a emitir una recomendación para reducir la severidad de la pena, aunque la decisión final recaerá en la jueza Cobb, quien convocó a una audiencia de preparación de sentencia para el 6 de mayo de 2025.
Como parte del acuerdo, López Ibarra también se comprometió a declarar todos sus bienes y recursos financieros obtenidos de manera ilícita, un paso clave para posibles decomisos de activos por parte del gobierno estadounidense.
La declaración de cargos firmada por el ex operador detalla su historial criminal entre 2003 y 2016. Durante ese periodo, López Ibarra fue integrante de una conspiración criminal transnacional con operaciones en México, Guatemala y Colombia, dedicada a traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos por vía terrestre, marítima y aérea. Inició sus actividades como aliado de una facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente ascendió a una posición de liderazgo dentro de la organización de los Beltrán Leyva, actuando bajo las órdenes directas de Arturo Beltrán Leyva.
Para ejecutar el tráfico, “El Nito” admitió que en varias ocasiones tuvo bajo su cargo aeronaves y vehículos con compartimentos secretos (clandestinos), utilizados primero para ocultar cocaína con destino al mercado estadounidense y, posteriormente, para transportar el dinero en efectivo generado por las ventas ilícitas.
Uno de los aspectos más graves de la declaración es la admisión de corrupción sistemática. El documento establece: “El acusado (López Ibarra) sabía que, durante la conspiración, sus co-conspiradores pagaron sobornos a policías y funcionarios del gobierno en México. Asimismo, el acusado sabía que dichos sobornos se pagaban para que el gobierno mexicano no interfiriera en las actividades de narcotráfico del acusado y de otras personas”.
Según la cronología de hechos, estas actividades solo se interrumpieron parcialmente durante el periodo de encarcelamiento de López Ibarra en México entre 2009 y 2014. Tras su liberación, reanudó sus operaciones criminales hasta su captura final para ser extraditado. Sin embargo, “El Nito” logró retrasar su extradición por años mediante múltiples recursos legales. En enero de 2019, por ejemplo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedió un amparo contra la resolución de extradición emitida por la Cancillería, lo que obligó a reiniciar todo el proceso.
La situación cambió radicalmente en febrero de 2024, cuando el gobierno mexicano decidió expulsarlo de facto – sin un proceso de extradición concluido – junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil, argumentando que su presencia en territorio nacional, incluso tras las rejas, constituía una amenaza permanente para la seguridad del país.
