Héctor O. CarriedoEn el contexto de la economía de México, en el lapso 1980-2018, el extractivismo fue un elemento clave del modelo económico seguido por el país, caracterizado por la dependencia del petróleo, incluso en un marco de modernización y diversificación de su estructura productiva.
El extractivismo consiste en la explotación intensiva de recursos naturales, principalmente para la exportación de materias primas, como petróleo crudo, gas, otros minerales o productos agrícolas, en detrimento de la diversificación productiva, el desarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental y social.
Las etapas transcurridas en el periodo 1980-2018 abarcan el auge petrolero de finales de los años setenta y principios de los ochenta, la crisis de deuda que estalló en 1982, la transición al neoliberalismo con la apertura comercial y, a partir de 1994, las reformas estructurales y la diversificación económica en el marco del TLCAN. Vale recordar que, al menos, el petróleo fue excluido de las negociaciones de dicho Tratado.
Desde el descubrimiento de grandes yacimientos como Cantarell en los años setenta, se adoptó el modelo de extractivismo, en el cual el petróleo se convirtió en la principal fuente de ingresos del gobierno, así como de divisas extranjeras, que sirvieron, sobre todo en las décadas de los ochenta y noventa, para pagar la deuda externa. La economía se orientó hacia la exportación de petróleo crudo, con poca reinversión en diversificación y desarrollo tecnológico. Esto generó una dependencia estructural, por la cual los ingresos petroleros financiaban hasta el 60% del presupuesto federal en los años de auge.
En efecto, a fines del los años setenta, el gobierno a cargo de JLP eligió como modelo a seguir el extractivismo petrolero orientado a la exportación en lugar de la industrialización para producir refinados, con lo cual se dejó de fomentar el desarrollo de otras ramas industriales, y se hizo vulnerable al país a los precios y a las tasas de interés internacionales, causando un fuerte impacto ambiental con escaso beneficio en las comunidades locales expoliadas. Para 1980 las exportaciones de petróleo crudo representaron el 62% de las exportaciones totales del país y el 6.1% del PIB.
La caída de los precios del petróleo en los primeros años de los ochenta y la crisis de la deuda externa de 1982, pusieron en relieve algunas de las consecuencias financieras dañinas del modelo extractivista. México recurrió al FMI y adoptó las denominadas políticas de ajuste estructural, dando inicio a la etapa neoliberal.
El peso relativo del petróleo en la economía, para 1990, disminuyó a 4.2% del PIB y el 26.8% de las exportaciones. Sin embargo, se mantuvo la extracción como fuente básica de ingresos para pagar la deuda externa y el presupuesto federal. PEMEX se convirtió en la caja chica del gobierno federal, sobrexplotando sus yacimientos y perpetuando un extractivismo de supervivencia, en vez de implementar políticas de desarrollo industrial.
Con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, si bien se diversificó el modelo económico mediante un emergente sector manufacturero exportador, el extractivismo se mantuvo en el sector petrolero y la minería (como también en la agricultura bajo la denominada revolución verde impulsada por el Banco mundial) generando costos ambientales y sociales, como la contaminación en regiones petroleras, mineras y rurales.
Al propio tiempo, la política energética neoliberal, en el periodo 1995-2018, impulsó la privatización gradual y encubierta de PEMEX, mediante:
1) La tercerización o subcontratación de procesos o servicios a empresas privadas, a través de contratos de servicios múltiples, con o sin licitación, incluso a empresas fantasma que frecuentemente carecían de capacidad para ejecutar las obras o realizar con eficiencia y eficacia los servicios subcontratados, como lo revelaban en su momento la incidencia de accidentes, fallas en las instalaciones y derrames, todo lo cual convirtió a PEMEX, en lugar de productora, en una administradora de contratos.
2) La fragmentación y desarticulación de PEMEX en subsidiarias, un corporativo y numerosas filiales, de manera acorde a los lineamientos del Banco Mundial, lo que además de restar poder de negociación a los trabajadores, constituyó un primer paso para separar las áreas de la gran empresa pública del país hacia su posible desincorporación o privatización, proceso por proceso (exploración, extracción, refinación y distribución), y
3) Un creciente endeudamiento de estas subsidiarias, lo que implicó que las insuficientes inversiones realizadas fueron por la vía de contraer onerosas deudas con empresas privadas subcontratadas, por medio de los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (PIDIREGAS) y Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
Asimismo, en el periodo 1986-1996 se privatizó gran parte de la industria petroquímica, mediante la reclasificación de productos de la petroquímica básica, en los cuales se había mantenido la exclusividad del Estado, pasándolos a la clasificación de secundarios para abrirlos a la inversión privada. Otro avance hacia la privatización de PEMEX se concretó en 1995, al abrir a la inversión privada la distribución, comercialización, almacenamiento y transporte de gas.
En el ocaso del siglo veinte surgen los Contratos de Servicios Múltiples a través de los cuales PEMEX licita o adjudica directamente las actividades, obras y proyectos que se van a realizar. Por medio de estos CSM comenzaron a operar empresas privadas en el sector de extracción de gas. Con los CSM una empresa no solamente puede realizar la extracción de gas no asociado –como en la Cuenca de Burgos- sino además podrían extenderse a la extracción de petróleo, donde se ubica el núcleo de la renta petrolera de la nación.
Los PIDIREGAS surgieron en 1995, ante las restricciones impuestas por la grave crisis financiera del país en aquel momento, como un mecanismo para financiar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, sin que se registraran inmediatamente como deuda pública. Se buscaba flexibilizar los controles presupuestarios para facilitar y atraer el capital privado en proyectos estratégicos; los recursos captados se contabilizaron como inversión y no como deuda; el 80% se destinó a proyectos de exploración y producción, todos de dudosa eficacia. A partir del año 2009 comenzaron a registrase como deuda pública.
En las primeras dos décadas del siglo veintiuno, la producción de PEMEX cayó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 (pico de producción debido a la brutal e irracional explotación de Cantarell), a menos de dos millones de barriles en 2018, reflejando una menor contribución al PIB (1.4 % en 2020 ) y a las exportaciones (3.6%).
Durante el periodo 2001-2012 el país atravesó por un auge petrolero impulsado por altos precios del crudo y una producción significativa, aunque decreciente al final de esta etapa. Los ingresos petroleros totales del gobierno federal en dicho lapso fueron por 450 mil millones de dólares, un promedio aproximado de 37 mil 500 millones de dólares anuales. Esto incluye impuestos petroleros, derechos y excedentes que representaron hasta el 40% de los ingresos públicos anuales.
De ahí se mantuvieron crecientes nóminas gubernamentales y burocracias doradas, gastos operativos y subsidios. En el sexenio de FCH (2006-2012) los altos precios del crudo llevaron a subsidiar la gasolina para anclar la inflación y la estabilidad de precios. En dicho periodo, las pérdidas por ineficiencia y corrupción en PEMEX también se estiman en dos mil millones de dólares por año (24 mil millones en 12 años). A la vez, la sobreexplotación y daño con nitrógeno a Cantarell y la falta de inversión en exploración, redujeron las reservas probadas, afectando la disponibilidad futura. También se dilapidaron 2,300 millones de dólares en la exploración, sin beneficios, de Chincotepec.
Análisis críticos realizados por especialistas del IMCO o académicos como Rolando Cordera, coinciden en que la renta petrolera se derrochó en acciones de corto plazo, dejando a PEMEX y al país en posición vulnerable.
En suma, considerando que el gasto corriente absorbió entre el 50 y 60% de los ingresos petroleros anuales se estima que, en aquellos años, 270 mil millones de dólares se destinaron al gasto de operación del gobierno, en lugar de destinarse a capital físico o reservas. La ausencia de una reforma fiscal profunda, la dependencia del petróleo para financiar déficits y la falta de inversión en el sector energético sugieren que el país perdió una oportunidad histórica para convertir los excedentes petroleros en obras y proyectos de desarrollo con visión de largo plazo.
En el lapso 2001-2018 siguió avanzando la privatización de procesos productivos de empresas públicas estratégicas como PEMEX y CFE, prometiendo falazmente más inversiones, más desarrollo y menores precios y tarifas de los energéticos; estas falsas expectativas se tradujeron, principalmente, en negocios muy lucrativos para empresas privadas nacionales y extranjeras y actores políticos corruptos, sin que esto beneficiara a los consumidores del país con precios y tarifas estables o reducidos de los energéticos.
De ello dan cuenta, los gasolinazos frecuentes y los altos precios y tarifas de la electricidad y el gas registrados durante la larga etapa extractiva neoliberal, y sobre todo después de la reforma energética de los años de 2013 y 2014. Nunca aumentaron espectacularmente la inversión y el empleo, ni se fortalecieron las finanzas públicas; peor todavía, la deuda social y ambiental creció y la brecha de desigualdad se amplió.
A PEMEX lo saquearon, sobre endeudaron y mal administraron durante más de tres décadas. Las finanzas públicas se hicieron dependientes de PEMEX; si bien aumentaron las participaciones y aportaciones federales a estados y municipios y hubo bonanza de precios internacionales del petróleo en la primera década del siglo veintiuno, también se dilapidó y derrochó la renta petrolera.
Para reforzar lo anterior, baste la siguiente confesión de Ángel Gurría, en un artículo publicado en Milenio, cuando aún fungía como secretario general de la OCDE: La situación de PEMEX es resultado de la política fiscal que siguió la federación a lo largo de décadas y ahí me incluyo yo como responsable. Le quitábamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creábamos a PEMEX un agujero artificial, una pérdida artificial, obligábamos a la empresa a que lo cubriera con deuda. Definitivamente creamos ese endeudamiento excesivo.