Jair FigueroaEjidatarios de la comunidad del Valle de Atongo iniciaron este lunes 7 de octubre un proceso judicial contra el senador Gerardo Fernández Noroña por la supuesta apropiación de tierras comunales donde se ubica su residencia, con el objetivo de proteger el patrimonio histórico y ambiental del ejido.
Acusaciones contra Noroña
Los ejidatarios aseguran que la residencia del legislador ocupa terrenos comunales y parte de una reserva natural. Según los comuneros, la construcción no respetó la delimitación de la propiedad colectiva, generando un conflicto legal y social en la región.
Defensa del patrimonio comunal
Los representantes agrarios destacaron que la disputa no tiene fines políticos, sino que busca garantizar la preservación del espacio natural y la restitución de las tierras al ejido. Señalan que es un derecho histórico que debe mantenerse frente a ocupaciones indebidas.
Respuesta del senador
Fernández Noroña negó irregularidades y advirtió que las acciones podrían afectar la inversión en la zona. “Si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí, quiero verlo. El mensaje que mandan es ‘aquí ni vengan, si les ocurre invertir’”, expresó el legislador en un comunicado difundido por su equipo.
Contexto legal y social
Los ejidos en México poseen un régimen de propiedad comunal protegido por la Ley Agraria. La apropiación de estos terrenos puede derivar en procesos judiciales prolongados y sanciones para quienes los ocupen sin autorización. En este caso, la comunidad de Atongo busca que la justicia restituya el control del territorio al ejido y proteja la zona de posibles impactos ambientales.
Impacto en la comunidad
El conflicto ha generado preocupación entre los vecinos y defensores del medio ambiente, quienes advierten que la construcción en zonas comunales puede afectar la biodiversidad y alterar el equilibrio ecológico. Los ejidatarios han realizado gestiones ante autoridades municipales y estatales para asegurar que sus derechos sean respetados.
Próximos pasos
Se espera que en las próximas semanas el proceso judicial avance y las partes presenten pruebas sobre la propiedad de los terrenos. Mientras tanto, la comunidad ha intensificado la vigilancia sobre la zona y reafirmado su compromiso de preservar el patrimonio comunal y natural de Tepoztlán.
El caso de Tepoztlán pone de relieve la importancia de proteger los derechos de los ejidos y de mantener un equilibrio entre desarrollo, inversión y respeto al patrimonio colectivo.
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