RedacciónEl Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha intensificado su ofensiva contra los cárteles mexicanos del narcotráfico, reorientando su estrategia para atacar directamente sus fuentes de financiamiento. La nueva táctica, implementada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, se centra en perseguir a los intermediarios financieros que mueven las ganancias ilícitas mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia los líderes criminales en México, aprovechando el anonimato relativo de la tecnología blockchain para evadir los controles tradicionales.
Según documentos judiciales y declaraciones de fiscales federales, los esfuerzos se han desplazado de los traficantes callejeros a los presuntos operadores financieros, considerados un elemento crítico para la supervivencia de las organizaciones criminales. Estos intermediarios, actuando como nodos clave, recogen grandes cantidades de efectivo en diversas ciudades de Estados Unidos, lo convierten en activos digitales como criptomonedas, y los transfieren a través de la frontera hacia México, cobrando una comisión por el servicio. Este método sofisticado les permite evadir los sistemas de detección de lavado de dinero del sistema bancario tradicional.
“La tendencia más reciente consiste en tomar efectivo, comprar criptomonedas y comerciar con ellas”, detallan los expedientes. Los acusados supervisaban el flujo de las ganancias del narcotráfico y retenían un porcentaje del dinero destinado a los cárteles como pago por sus servicios. Este modelo de negocio ilícito ha prosperado debido a las características inherentes de las criptomonedas: son activos digitales que operan en una cadena de bloques (blockchain) descentralizada, donde las transacciones se registran con direcciones alfanuméricas en lugar de nombres reales, dificultando el rastreo.
Aunque cada transacción es pública en el libro mayor distribuido, los intermediarios utilizan herramientas como mezcladores (mixers), billeteras digitales anónimas y la conversión entre múltiples tipos de criptoactivos para ofuscar el origen y destino final de los fondos. Este proceso, conocido como “chain hopping” o salto de cadenas, permite lavar el dinero de manera efectiva, convirtiendo dólares en efectivo en activos digitales intransferibles a través de fronteras físicas sin alertar a las autoridades financieras.
Para enfrentar este desafío, la administración Trump ha reestructurado la División Criminal del DOJ, integrando equipos de fiscales especializados en narcóticos con expertos en crímenes financieros y lavado de dinero. El objetivo es crear unidades de investigación capaces de seguir el rastro digital del dinero y presentar cargos no solo por tráfico de drogas, sino por conspiraciones complejas de lavado de activos.
Esta ofensiva legal va de la mano con una mayor colaboración en materia de extradiciones con México. Desde el inicio del segundo mandato, las autoridades mexicanas han entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados a cárteles en tres grandes transferencias. La más reciente, ocurrida en enero de 2025, incluyó a 37 individuos, entre los que se encontraban presuntos enlaces financieros que operaban desde territorio mexicano para las redes de lavado.
Funcionarios estadounidenses han señalado que estas extradiciones buscan dos objetivos claros: enviar un mensaje disuasorio a las estructuras criminales y, potencialmente, obtener cooperación de los detenidos para avanzar en investigaciones más amplias y formular nuevas acusaciones contra líderes de alto nivel de los cárteles. La esperanza es que algunos de estos intermediarios financieros, al enfrentar largas condenas en Estados Unidos, opten por colaborar con la justicia.
El enfoque en el flujo financiero representa un cambio de paradigma en la guerra contra las drogas. En lugar de intentar interceptar cada cargamento, la estrategia busca desangrar económicamente a las organizaciones, privándolas de los recursos necesarios para pagar sobornos, comprar armas, reclutar sicarios y corromper instituciones. Sin embargo, los expertos reconocen que la adaptabilidad de los cárteles es alta, y es probable que continúen desarrollando métodos aún más sofisticados para mover y ocultar sus ganancias multimillonarias.
La ofensiva legal y financiera del DOJ ocurre en un contexto donde el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas continúa causando decenas de miles de muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos, una crisis de salud pública que ha aumentado la presión política para obtener resultados tangibles en la desarticulación de las redes criminales mexicanas.
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