Más de 48 horas después de la conclusión del extenso debate sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, el resultado de las votaciones aún no ha sido publicado en la página oficial del recinto legislativo, lo que contraviene el reglamento de la Cámara. La reforma, aprobada el miércoles 4 de septiembre, fue el tema de una maratónica sesión que se extendió por casi 20 horas, y ha suscitado diversas controversias desde su tramitación.
El dictamen fue respaldado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en dos fases de votación: primero en lo general, con 359 votos a favor y 135 en contra, y posteriormente en lo particular, con 357 votos a favor y 130 en contra. A pesar de estos resultados claros, la ausencia de la publicación en la Gaceta Parlamentaria ha generado inquietud y críticas, especialmente porque el artículo 138 del reglamento establece que el Presidente de la Cámara debe anunciar el resultado y ordenar su publicación inmediatamente después de la votación.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el primero en señalar esta omisión, sumándose a las críticas que ya estaban dirigidas hacia el proceso de debate y votación de la reforma. Hasta las 17:45 horas del viernes 6 de septiembre, la votación no aparecía en la Gaceta Parlamentaria, intensificando las dudas sobre la transparencia del proceso.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, defendió el proceso legislativo. Monreal afirmó que la aprobación de la reforma cumplió con todos los plazos y pasos establecidos por la ley, a pesar de las críticas y de que se desarrolló desde una sede alterna debido a la ocupación de San Lázaro por trabajadores de juzgados federales inconformes.
La oposición ha advertido varias irregularidades durante el debate. Uno de los principales reclamos es que el proceso se llevó a cabo a pesar de dos suspensiones provisionales de jueces que ordenaban la suspensión del debate. Además, se cuestiona la decisión de trasladar la discusión de la Cámara de Diputados a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, una medida que la oposición considera unilateral y que, según ellos, fue una maniobra para evitar bloqueos.
Otro punto de controversia es el registro del quórum legal. La oposición sostiene que debido a problemas logísticos y bloqueos policiales en la Sala de Armas, no se pudo confirmar si estaban presentes los 251 legisladores necesarios para iniciar la sesión. También se ha señalado que la Sala de Armas carecía de un tablero electrónico para registrar asistencias, lo que podría haber permitido que la sesión comenzara sin que todos los legisladores se hubieran registrado adecuadamente.
Finalmente, se ha denunciado que durante el debate, algunos legisladores de Morena habrían abandonado sus lugares en la Sala de Armas, siendo sustituidos por asesores y otros miembros del equipo para simular que el Pleno contaba con el quórum necesario. Esta última acusación se suma a una serie de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y ha alimentado la controversia en torno a la reforma judicial.
