Filiberto Cruz MonroyLa Cámara de Diputados ha aprobado una reforma constitucional que prioriza al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica, convirtiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex en empresas públicas. Esta medida, impulsada principalmente por la mayoría de Morena y sus aliados, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para redefinir las áreas y empresas estratégicas en el sector energético. La votación se realizó con 353 votos a favor y 122 en contra en lo general, y en lo particular con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. El dictamen ahora será enviado al Senado para su análisis y votación.
Durante las deliberaciones, la discusión se intensificó cuando se propuso la eliminación de un párrafo que responsabilizaba al Estado de la transición energética para reducir la contaminación. Esta modificación fue impulsada por la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva, y recibió el respaldo de la mayoría, lo que desató un fuerte debate con la oposición. Según los críticos, esta eliminación representa una renuncia del Estado a su compromiso de combatir la contaminación ambiental.
La reforma ha generado tensiones significativas en el legislativo, ya que la oposición argumenta que al deshacerse de esa responsabilidad, se está debilitando el marco legal para la transición hacia energías más limpias. La oposición calificó la decisión como un retroceso en los esfuerzos por mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente, lo que llevó a un intercambio de acusaciones entre los distintos grupos parlamentarios.
La aprobación de esta reforma marca un cambio radical en la política energética de México, centrándose en el control estatal sobre la producción de energía. A medida que se dirige al Senado, se anticipa que el debate continuará siendo intenso, ya que la oposición busca cuestionar y revertir lo que consideran un paso perjudicial para el futuro energético y ambiental del país.